El 15 de enero se realizó una audiencia ante el Subcomité del Sistema General de Preferencias (SGP), organismo del Representante de Comercio de los Estados Unidos, USTR (por sus siglas en inglés). La audiencia se realiza frente al pedido presentado en 2012 por la compañía Chevron de que se retire o suspenda a Ecuador de los beneficios que otorga el SGP por, supuestamente, desacatar laudos arbitrales.

Durante la audiencia, el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Francisco Borja, reiteró el compromiso para trabajar por una relación bilateral justa y mutuamente beneficiosa y destacó la reciente firma de un acuerdo inédito con el Departamento de Justicia para la defensa de los derechos de los ecuatorianos en Estados Unidos.

“También hay una cooperación fructífera, con resultados concretos, en áreas como la interdicción marítima, la cooperación judicial, y el objetivo común luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, así como los esfuerzos importantes en las medidas relacionadas con el comercio, solo para mencionar algunos temas de la amplia agenda bilateral que estamos comprometidos a avanzar”, resaltó el embajador.

En su intervención ante el Subcomité, el Embajador dijo estar “sinceramente preocupado, sin embargo, porque una empresa privada esté intentando desatar los fuertes lazos que nuestras naciones han formado”. Ecuador insta a que las cuestiones jurídicas entre Chevron y Ecuador sean resueltas por los foros pertinentes para esas disputas.

Finalmente, el embajador Borja enfatizó que “Ecuador siempre ha satisfecho sus obligaciones arbitrales y su historial lo demuestra, por eso cumple con los criterios de elegibilidad del SGP”.

La empresa Chevron sostiene que el Ecuador ha incumplido varios laudos emitidos por el Tribunal de La Haya y que se refieren al litigio privado que mantiene la petrolera con las comunidades indígenas de la Amazonía. Durante la audiencia el equipo de la Embajada del Ecuador demostró que Chevron registra intentos previos de afectar las relaciones comerciales del Ecuador con Estados Unidos; que con este nuevo intento busca presionar sobre el arbitraje pendiente; que los laudos parciales cuyo cumplimiento reclama están sujetos a cambios y no son motivo para terminar las preferencias, ya que el SGP se refiere a laudos finales; que Ecuador ha actuado de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; y que los pagos que reclama Chevron son parte de un caso pendiente de resolución.

El abogado del Ecuador, Eric Bloom, expresó que el Ecuador ha cumplido con los requerimientos de Estados Unidos respecto a laudos internacionales y que las cortes ecuatorianas han obrado conforme a derecho y de buena fe. Insistió en que “la validez misma de los fallos interinos estaría bajo revisión”, por lo que no se puede hablar de incumplimiento.

“Chevron le pide al USTR que termine las preferencias arancelarias del Ecuador en medio de una disputa”, agregó Bloom, e instó al Subcomité a “dejar que el proceso legal continúe y se abstengan de prejuzgar cuestiones que actualmente son objeto del arbitraje”.

El Representante de Comercio de los Estados Unidos –USTR— no tiene un plazo para pronunciarse ante esta petición. Ecuador continuará siendo beneficiario del SGP, mientras el proceso esté abierto. Las cámaras ecuatoriano-americana (AMCHAM), que agrupa a empresas estadounidenses que trabajan en el Ecuador, y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), han apoyado la posición del país mediante cartas enviadas al USTR, destacando los beneficios para el sector privado que el SGP genera en ambos países.

El SGP es un sistema de preferencias arancelarias que beneficia a más de 120 países y mediante el cual Ecuador exporta a los Estados Unidos, con aranceles preferenciales, principalmente frutas, jugos de frutas, vegetales, productos del mar, flores, madera contrachapada, conductores eléctricos, cerámicas y otros productos.

Este programa de preferencias arancelarias ha facilitado la diversificación de las exportaciones ecuatorianas, así como el desarrollo y la inversión de nuevas industrias que generan importantes oportunidades de empleo e ingresos a los sectores vulnerables de la región sierra y en las zonas geográficas cercanas a nuestras fronteras, propensas a las actividades ilícitas relacionadas con crímenes transnacionales.