La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado oficial, aseguró además que la decisión de Washington pone en riesgo la paz y la democracia en la región.
«Ecuador expresa su más firme rechazo» a la prórroga del decreto, promulgado originalmente en 2015, porque «constituye una injerencia inaceptable sobre un país soberano y crea un grave riesgo a la paz y la democracia en la región», señala en un texto oficial.
Asimismo, asegura que «la reiteración de la decisión es, además, particularmente alarmante porque pretende alterar la institucionalidad de un país».
«Ecuador llama la atención a la comunidad internacional sobre el intento de desestabilizar el orden democrático venezolano, así como su orden interno y externo, y expresa su fraterna solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela», añadió la Cancillería en Quito.
Apuntó que «sanciones a terceros, como la adoptada, implican una injusta e inaceptable presión política y vulneran los principios de no injerencia y de igualdad de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».
Según la Cancillería ecuatoriana, «actuar por fuera del derecho internacional deslegitima al autor de la medida y atenta contra los esfuerzos que lleva adelante el Gobierno de Venezuela en pos del diálogo nacional».
El pasado 3 de marzo, el presidente de EE.UU., Barack Obama, renovó la orden ejecutiva que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer sanciones contra aquellos que se determine que han cometido «acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas» o violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela.
El mandatario estadounidense argumentó que, a su criterio, Venezuela sigue sufriendo «la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos».
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, por contra, consideró una «agresión» que el presidente de Estados Unidos haya prorrogado el decreto y advirtió que acudirá a «instancias internacionales».
Para la ministra, la medida incita a sectores «antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana» a «atentar» contra la institucionalidad del país «y sus autoridades legítimas y constitucionales».
