Carlos Baca, asesor de la Presidencia de la República, en entrevista en Notimundo a la Carta, con Marcela Holguín, señaló que es muy loable que la Contraloría General del Estado realice un examen especial para establecer otro tipo de responsabilidades y la legalidad de lo actuado en el contrato suscrito entre el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), con respecto a la compra de los terrenos donde se construye el Parque Samanes. «Pero, en principio el tema de devolución de los 41 millones de dólares pagados en exceso corresponde a un dictamen vinculante de la Procurador General del Estado», afirmó.
Baca señaló que las afirmaciones de ciertos directivos del Issfa sobre que en la compra se cumplieron todos los requerimientos son imprecisas porque, indicó, según la Ley Orgánica de Contratación Pública cuando se produce una transacción de un bien entre dos instituciones del Estado, para la compra, debe regirse de acuerdo con el precio establecido en el avalúo municipal. «En este caso en el avalúo del Municipio de Guayaquil se determina que el precio del inmueble era de siete millones de dólares aproximadamente», precisó.
Además, el funcionario indicó que esos 41 millones no pondrán en riesgo la liquidez de las pensiones en las FF.AA, y aclaró que los beneficios sociales que reciben los servidores militares y policiales en servicio pasivo y activo están garantizadas por el Estado. «El Gobierno Nacional aporta alrededor de 500 millones de dólares anuales para las mismas. Todo se ha pagado de manera puntual y cumplida todas las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional con los pensionistas», dijo Baca.
