El TPS es un “alivio temporal”, para los ecuatorianos en condiciones de ilegalidad en Estados Unidos, al que Ecuador aplicó a raíz del terremoto del pasado 16 de abril, que cobró la vida de centenares de personas y dejó miles de heridas.
En caso de ser concedido ese estatus, los migrantes ecuatorianos no podrán ser deportados y tendrán la posibilidad de trabajar legalmente en EE.UU. y acceder a servicios sociales de salud, educación, entre otros. Pese a ello, el TPS no es un proceso de regularización migratoria para quienes no tienen sus papeles en regla, sino que se trata de una medida temporal de entre seis y 18 meses de duración, y que es susceptible de renovación.
“La duración del TPS es a discreción del gobierno de los Estados Unidos y podría extenderse, pero eso depende del gobierno de ese país”, recalcó la viceministra Cuesta, en entrevista con Andes.
El canciller Guillaume Long, entregó el pasado 18 de mayo la solicitud a la Secretaria Adjunta para Asuntos Consulares de Estados Unidos, Michele T. Bond, y al embajador Todd Chapman. Después, se ha mantenido constantes reuniones, sin embargo, “es un tema muy discrecional del gobierno de Estados Unidos, por lo que resta esperar el tiempo que EEUU considere necesario”, señaló Cuesta.
La funcionaria emprendió este lunes un viaje para reunirse con varios congresistas norteamericanos que apoyan que se conceda a Ecuador el TPS y con los líderes de las comunidades de migrantes en diferentes localidades de Estados Unidos.
Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al año ingresan a Ecuador aproximadamente 1000 personas deportadas de Norteamérica y se estima que existen 200.000 ecuatorianos que viven en los Estados Unidos de forma ilegal.
