El operativo de control se ejecutó en el Distrito Manuela Sáenz. Los agentes se trasladaron hacia la Av. Pichincha e Inclana, en el sector la Marín. En coordinación con el personal de servicio preventivo del Distrito Manuela Sáenz y con la presencia de Gabriela Navas, funcionaria de la Comisaría Cuarta de Policía, contrarrestaron la venta de equipos electrónicos sustraídos y que son comercializados en diferentes locales comerciales. Según varias denuncias en varios locales comerciales del sector se estaría incurriendo en un presunto delito de receptación.
Al ingresar al local comercial de responsabilidad del señor Juan Pablo G. P., los agentes verificaron la procedencia de los equipos electrónicos que se exhibían al público y se pudo verificar que 15 teléfonos celulares no tenían facturas de respaldo sobre su adquisición. Al revisar en la base de datos de la página webhttp://aplicaciones.arcotel.gob.ec/sicoeirquery/, perteneciente a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), se constató que siete teléfonos se encuentran con reporte de robo en el Ecuador, Perú y Colombia, por lo que se procedió a la incautación de estos bienes.
Los miembros policiales procedieron a la detención de este ciudadano por el presunto delito de receptación, siendo trasladado hasta la Unidad de Flagrancia para ser puesto a órdenes de la autoridad competente. De la misma manera, los equipos incautados fueron trasladados a las bodegas del Centro de Acopio, Indicios y Evidencias de la Policía Judicial del DMQ, donde pueden ser recuperados con los respectivos documentos que acrediten su legalidad.
Los agentes de la Policía Judicial visitan permanentemente locales comerciales y talleres de la capital, donde se presume que ciertos sujetos dedicados al delito de receptación acuden a vender objetos que son sustraídos a la ciudadanía.
La Policía Judicial conmina a los comerciantes a actuar apegados a las normativas legales, contar con los documentos para determinar el origen y procedencia de los artículos que exhiben, para no tener contratiempos con las instancias competentes cuando se realizan las inspecciones rutinarias.
