Antes de que el Contralor informe sobre los detalles de las auditorías, María Augusta Calle, presidenta de la Comisión, recordó que el organismo se encuentra recibiendo información de diferentes instituciones, antes de elaborar un informe, por pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El Contralor dijo que los dos exámenes se realizaron en ocho años. El primero se ejecutó entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2011 y se relaciona con los procesos precontractuales, ejecución y pago por la adquisición de las siete aeronaves. Indicó que se reveló “la ausencia de coordinación en la ejecución del contrato”. Al respecto, manifestó que la Contraloría realizó 10 recomendaciones y se establecieron las sanciones administrativas, contra los funcionarios responsables.
Contó que las sanciones y el monto han sido notificadas a los implicados, entre ellos a seis miembros de la Comisión de Entrega y Recepción.
El segundo estudio se realizó al contrato, renovación de garantías, mantenimiento y uso de los Dhruv, entre el 1 de julio de 2011 y el 27 de enero de 2015. Según Pólit esta acción tuvo como objetivo establecer que los procesos de ejecución del contrato se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y cláusulas contractuales. Así mismo, afirmó que se buscó verificar si los procesos de mantenimiento, adquisición de partes y repuestos cumplieron con los principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia, en función del contrato, legislación y normativa existente para este efecto.
Pólit dijo que en el informe se indica que la compañía HAL no entregó sistemas y equipos valorados en 801.757,85 dólares, requeridos para el funcionamiento adecuado de los helicópteros, mientras que las sanciones por retrasos en la entrega e instalación de dispositivos para los Dhruv se fijaron en 1.687.845,72 dólares, lo que ocasionó un perjuicio al Ministerio de Defensa de más de 2, 4 millones de dólares. Explicó que esta glosa se encuentra en trámite y que ya se ha notificado a la empresa. En tanto que de parte de los contratantes se determinó que no acogieron dos de las 10 observaciones realizadas en el primer examen.
Sobre el proceso de recuperación sostuvo que es muy largo, porque se pueden presentar algunas acciones legales, entre ellas la revisión para verificar si esa ratificación de la Contraloría es correcta y acudir al Tribunal Contencioso Administrativo.
Juicio penal
A renglón seguido, a la Comisión acudió el Fiscal General, Galo Chiriboga. Informó sobre la denuncia penal que realizó el ex asambleísta Fausto Cobo en contra del ex ministro de Defensa Javier Ponce, en diciembre del 2009. Señaló que el mismo ha sido archivado por no existir indicios de responsabilidad penal.
Explicó que la Corte Nacional de Justicia en febrero de 2010 resolvió que para el ejercicio de acciones penales públicas por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se requiere el informe previo de la Contraloría, en el que se indiquen indicios de responsabilidad penal. Expresó que este ente de control realizó un examen especial a los procesos precontractual y contractual, entre enero del 2007 y junio del 2011, en el que no se encuentran esos indicios, por lo que se ha dispuesto el cierre de este proceso.
