Se trata de una indagación abierta ante denuncias contra la empresa presentadas por personas perjudicadas y se lleva a cabo de forma paralela a un primer proceso por evasión tributaria, informó hoy la FGE.
Las autoridades ecuatorianas registraron ayer unos almacenes de la empresa en el cantón Durán, en la provincia del Guayas (suroeste), mientras que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), de su lado, anunció que investiga contenedores llegados al puerto de Guayaquil presumiblemente con mercancía de la firma OGC.
El organismo señaló que está en contacto con la embajada de Ecuador en España para averiguar si existen otros contenedores con envíos de esa empresa en puertos españoles, en aguas internacionales o «si llegaron a zona primaria en los distintos puertos del territorio nacional».
Agregó que en el caso de los artículos enviados como menaje del hogar, la Aduana «revisará las condiciones y alternativas legales» para que puedan ser entregados en sus destinos.
Las autoridades también acudieron al puerto marítimo de Guayaquil para revisar tres contenedores que la empresa ingresó a Ecuador por la aduana, según informó ayer la Fiscalía en un comunicado.
El fiscal de la provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Paúl Ponce Quiroz, indicó que en las intervenciones se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con la manera legal de introducir los artículos en Ecuador.
Algunos de los afectados afirman que enviaron sus bienes desde España y desde que regresaron a Ecuador los reclaman sin éxito.
La empresa de paquetería cerró sus oficinas este lunes sin previo aviso, y miles de cajas enviadas a Ecuador se han quedado sin llegar a su destino.
La compañía, cuya sede central está en Madrid, cuenta con delegaciones en Barcelona y Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca y Murcia, además de tener afectados también en Londres, Francia, Italia, Alemania y Bruselas.
Solo en Madrid hay más de 1.000 familias afectadas, según informó uno de los portavoces de una plataforma de afectados creada en la capital de España, Darwin Castro.
Los consulados y coordinaciones zonales de Ecuador atenderán los casos de los afectados por el incumplimiento de la empresa, indicó hoy la Cancillería del país andino, que aseguró que trabaja junto con el Senae y la Fiscalía en las investigaciones sobre «el delito cometido», con el objetivo de conseguir que los perjudicados reciban una reparación.
«Por parte de Senae existe la apertura para identificar los casos» de personas afectadas «e iniciar acciones en contra de los responsables», agregó.
El ministerio ecuatoriano, de otro lado, expresó su rechazo a «las acciones de este tipo de empresas que se aprovechan de la necesidad de los migrantes, quienes hacen un gran esfuerzo para realizar sus envíos».
Señaló que este tipo de casos «perjudican a las familias que se acogen al beneficio de exoneración de impuestos al enviar su menaje de casa».
