La Fiscalía del Guayas formuló cargos contra el ciudadano Vicente Z., por el delito de estafa, en el caso que investiga el envío de encomiendas desde Europa al Ecuador, a través de la compañía OGC Logistic.

La audiencia se realizó la tarde y noche de este martes 22 de marzo, en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil.

En la diligencia, el fiscal Luis Peña presentó los elementos de convicción que demostrarían la participación del procesado en el delito que se investiga. Entre ellos constan facturas, recibos de cobro, formularios de declaración aduanera y comprobantes de pagos. Así como los informes de inspección ocular técnica y de reconocimiento del lugar. También figuran las versiones y denuncias de los perjudicados.

El juez de garantías penales del Guayas, Josafat Mendoza, acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva contra Vicente Z. La instrucción fiscal durará 90 días.

La Fiscalía del Guayas inició dos procesos investigativos por el envío de mercadería desde España hacia el Ecuador, a través de la empresa OGC Logistic.

Uno de ellos es por supuesta estafa al no entregar a los ciudadanos las encomiendas provenientes del país europeo.

Esta entrega de encomiendas se realizaba con el servicio de menaje de casa. Consistía en el envío que hacían los compatriotas residentes en España hacia el Ecuador de artículos nuevos y usados de hogar. Este servicio era exonerado de impuestos y tributos, por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE.

Por este hecho, la SENAE consideró que OGC Logistic, podría haber incurrido en el delito de evasión tributaria, por lo que solicitó a la Fiscalía, una investigación, misma que inició la semana pasada.

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, solicitó el pasado 14 de marzo, la apertura de una investigación respecto a este caso a la Fiscalía General del Estado del Reino de España, en Madrid, donde se reunió con los afectados residentes en este país.

En Ecuador, al menos 400 denuncias han sido presentadas en la Fiscalía por parte de los perjudicados. Se estima que son 5 mil los ciudadanos afectados a escala nacional y residentes en España.