La entidad informó, además, que en Pedernales se registraron 159 cadáveres, 152 ya fueron entregados a sus familias y 7 extranjeros serán repatriados a sus países de origen.
En Manta, indicó, que fueron reportados 134 cadáveres identificados y entregados a sus familias. Otros 8 están sin identificar.
Mientras tanto, en Portoviejo se registró el ingreso de 116 cadáveres, todos ya fueron identificados y entregados a sus familiares. «También registró 38 cadáveres en Sucre (Bahía de Caráquez, Canoa y Charapotó) y ya fueron entregados a sus familiares», dijo.
De esta manera, la Fiscalía continúa con la aplicación del plan de contingencia ante el estado de excepción decretado en el Ecuador por el desastre natural. 46 fiscales, 25 secretarios, 17 médicos legistas y disectores, 4 biólogos y personal forense de laboratorio, fueron trasladados a Manabí. También, 3 furgones isotérmicos para el adecuado transporte de cadáveres.
El equipo movilizado a la zona del desastre natural mantuvo una reunión con el Fiscal General, la noche del 17 de abril, en Pedernales, uno de los cantones más afectados de Manabí. Allí explicó a los funcionarios la aplicación de dos protocolos de procedimiento y entrega de cadáveres para agilizar la identificación.
Así también realizó un recorrido en Manta, por la mañana, y en Portoviejo, por la tarde, para constatar el tratamiento profesional y humano que se están dando a los cuerpos, es decir, que sean sepultados en campos santos con el respectivo registro que debe coincidir con el protocolo.
También mantuvo una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia de Manabí donde explicó el trabajo desplegado por la Fiscalía para agilitar la entrega de los cadáveres a sus familiares.
Levantamiento de restos humanos
Desde la madrugada del 18 de abril, la Fiscalía difunde en su página electrónica www.fiscalia.gob.ec la lista de las personas fallecidas que han sido identificadas por sus familiares o allegados.
El proceso para el levantamiento, identificación y entrega de los cuerpos se lo hace con base en la aplicación de dos protocolos dispuestos por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, mediante Resolución 024.
