Desde el pasado miércoles, servidores judiciales dejaron sus puestos para unirse a la manifestación en contra de la reforma propuesta por el Gobierno, a la que califican como injerencista.
Uno de los puntos más controversiales es la elección de jueces mediante el voto popular por periodos de 12 años, en lugar de los 15 estipulados anteriormente.
Otro de los cuestionados planteamientos es la eliminación del sistema de ascenso de funcionarios judiciales, de acuerdo con su experiencia y años de servicio.
En este mecanismo, se promovía a los trabajadores y magistrados a cumplir con cursos y capacitaciones obligatorias para crecer en distintas jerarquías dentro de la Función del Estado, a través de méritos. Sin embargo, la reforma echa abajo este sistema.
Desde la Asociación de Magistrados de México, se pide mantener un diálogo con el Ejecutivo para llegar a acuerdos en torno a la controvertida normativa.
“Esta reforma no solo amenaza la justicia, amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. La confianza de nuestras instituciones se destruirá y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria», dijo Juana Fuentes, directora nacional del gremio.
La propuesta del Gobierno de López Obrador llega en medio de sus cuestionamientos al sistema judicial, en el que, aseguró, se encuentran trabajadores a los que tildó de corruptos.
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