La cita se llevó a cabo el Ministerio del Deporte (norte de Quito) en presencia del Presidente de la República, Rafael Correa y las autoridades del ramo entre ellas César Navas, ministro Coordinador de Seguridad; José Serrano, ministro del Interior; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia y Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación.
El ministro Navas indicó que los brazaletes electrónicos que serán empleados en reemplazo de la prisión preventiva para las personas privadas de libertad que han cumplido una parte importante de la sentencia, para mujeres embarazadas, entre otros casos.
Este proyecto se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia. En un Plan Piloto entrarían a funcionar 500 dispositivos los cuales serán monitoreados por el Ecu911.
En cuando a la implementación chips, Navas indicó que alrededor de 16 mil dispositivos se emplearán para proteger a los pescadores artesanales y garantizar la seguridad a nivel marítimo. Estos mecanismos ayudarán al control de las embarcaciones, incluso habrán la capacidad para conocer la cantidad de combustible que consuman las embarcaciones. Está previsto que el informe del proyecto se presente en 10 días.
El secretario de Estado destacó además que en la gestión de 2015 se evidenció una reducción en la tasa de homicidios y de asesinatos. Se llegó al 6,4% por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a la reducción de accidentes de tránsito se registró también una baja del 7,5% en comparación con 2014.
También se conoció sobre la implementación tecnológica de seguridad a través de los teléfonos celulares, en casos de emergencia, cuyo sistema se espera que este listo a partir de abril de este año.
Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, de su lado, destacó el fortalecimiento en el sistema judicial. Puso como ejemplo la reducción de las audiencias fallidas. En años anteriores, estas llegaban al 40%, mientras que en 2015 las diligencias fallidas fueron del 3,3%.
El funcionario destacó que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y con las reformas procesales relacionadas por ejemplo con la aplicación del juicio directo hubo un impacto en la producción judicial.
En primer lugar, el juzgamiento de delitos flagrantes que hace 3 años significaban 15 sentencias por mes, se llegan a 46 sentencias. Jalkh indicó que ese mejoramiento se alcanzó gracias al modelo de gestión de las Unidades de Flagrancia y las reformas procesales del COIP, específicamente del juicio directo que establece un juzgamiento en delito flagrante en un promedio de 25 días.
Asimismo indicó que por juicios directos, el 70% termina con una sentencia condenatoria y el 30% termina con una sentencia ratificatoria de inocencia.
