El proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa busca mejorar la gestión administrativa de la Asamblea Nacional, de fiscalización y a la vez consolidar instrumentos democráticos como la consulta pre-legislativa.
La titular del Legislativo explicó que aunque la consulta pre-legislativa se viene aplicando, permitiendo expresarse a los colectivos, pueblos o nacionalidades que sientan afectados sus derechos en el tratamiento de una normativa, con la reforma, la consulta pre-legislativa se consolida como instrumento para garantizar derechos. De este modo, además, se armoniza la Ley con una resolución de la Corte Constitucional realizada en 2010.
En el ámbito de gestión, la norma plantea la posibilidad de que los asambleístas puedan perder su condición si registran un 40% de inasistencias durante un mes, tomando en consideración el total de sesiones convocadas para el Pleno y la Comisión Especializada a la que pertenezcan. También pueden perder su calidad de presidentes de comisiones.
Otras reformas tienen que ver con la opción de agilitar procesos para titularizar a un asambleísta suplente con todos sus derechos. Esto se aplica especialmente en casos de legisladores que tengan procesos penales en su contra y no estén presentes.
No obstante, la propuesta también plantea cambios para mejorar la gestión administrativa de la Asamblea Nacional. En ese sentido la titular del Legislativo explicó que se propone que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pueda emitir la normativa que defina la organización interna de la Asamblea. En este ámbito indicó que hay cambios administrativos y en el orgánico del Legislativo que han permitido una mayor eficiencia e incluso un ahorro institucional del 9% del presupuesto.
Respecto de Fiscalización, especificó que la Constitución y las leyes establecen que la responsabilidad de la gestión de la Asamblea recae sobre su presidenta, este proceso se ha llevado adelante de manera transparente por medio de la presidencia de la Asamblea, que ha canalizado, por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización, todos los pedidos de los asambleístas, por lo cual por primera vez en la historia del Poder Legislativo, existen cifras ciertas de la gestión que pueden ser verificadas en el portal de la Asamblea Nacional.
Luego de esta exposición, intervinieron las asambleístas Mae Montaño y Mónica Brito quienes confirmaron que la propuesta será analizada por la Comisión.
LEY DE PARTO HUMANIZADO
Luego de presentar esta propuesta, la presidenta de la Asamblea Nacional acudió a la Comisión de Salud para argumentar su propuesta de Ley de Parto Humanizado. Esta iniciativa busca enfrentar una realidad que no ha sido tocada en el Ecuador como es la violencia obstétrica.
En su intervención Gabriela Rivadeneira mencionó que hoy en día las cifras dan cuenta de una gran cantidad de cesáreas en el Ecuador (80% en el sistema público de salud y 42% en el sistema privado), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este número sea únicamente de entre el 12 y el 15% de casos.
Precisó que la propuesta pretende que las madres cuenten con alternativas, en el Sistema de Salud, para que puedan elegir la forma de dar a luz sin los riesgos de una cirugía, antes, durante y después del parto, reconociendo otras prácticas como el parto vertical, el parto en agua y demás. Estas prácticas, señaló, reconocen la opción del acompañamiento a la madre por parte de sus seres queridos y promueven el acercamiento inicial del hijo con su madre.
En su explicación, Gabriela Rivadeneira fue enfática en señalar que la violencia obstétrica no depende exclusivamente del procedimiento quirúrgico de cesárea, pues muchas veces son necesarias y salvan vidas. Y no descartó que exista un componente mercantil en la proliferación de cesáreas.
También propuso que se reconozcan los métodos ancestrales de alumbramiento y relató su experiencia en Otavalo, ciudad de la que fue vicealcaldesa. En ese sentido recordó que se alcanzó eliminar la mortalidad materno – infantil permitiendo que se apliquen las prácticas ancestrales.
La propuesta, dijo, no es contraria a otras como la que plantea la asambleísta Lourdes Tibán en el sentido de que se reconozca las prácticas de alumbramiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, para incorporarlas al Sistema de Salud Pública.
Tras esta intervención los asambleístas María Fares, María Alejandra Vicuña, María Cristina Kronfle, Víctor Medina y Blanca Arguello, de la Comisión de Salud, reconocieron la importancia de la propuesta para salvar las vidas y precautelar la salud de las madres y sus hijos e hijas. También coincidieron en que el organismo la estudiará a fondo para incluirla en el Código Orgánico de la Salud que al momento se debate en esta instancia.
