«El voto es por la admisión de la denuncia, con la consecuente instauración de un proceso de ‘impeachment’, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso», dice el informe presentado por el senador instructor, Antonio Anastasia.
El informe, elaborado tras ser escuchadas la acusación y la defensa, será votado el próximo viernes en esa comisión de 21 miembros y, si fuera aprobado por una mayoría simple, será remitido al pleno del Senado.
En esa última instancia, se prevé que el informe será debatido el próximo día 11 y si al menos 41 de los 81 senadores votan por la apertura del juicio, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
En ese período, sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada hace meses y que ya ha comenzado a articular la composición del Gobierno que debería asumir una vez que la mandataria sea notificada oficialmente del inicio del juicio.
Hasta concluir que existen méritos jurídicos para el proceso, Anastasia hizo un pormenorizado relato de las acusaciones, que se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de «maquillar» sus resultados fiscales.
El senador justificó su recomendación en numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público, y concluyó que «en el cuadro procesal» hay «indicios suficientes para proseguir con el proceso».
Anastasia contestó así los alegatos de la defensa, los cuales sostienen que las maniobras fiscales que se le atribuyen a Rousseff no pasan de meras «faltas administrativas», insuficientes para una destitución.
No obstante, aclaró que el trámite en el Senado ahora sólo trata sobre la admisión de las denuncias, pues «la conclusión segura sobre la existencia o no de omisiones o comisiones dolosas» será «objeto de examen en la fase de instrucción de pruebas» del propio juicio.
El informe también responde otros argumentos de la defensa y se muestra especialmente crítico con la insistencia de Rousseff y sus partidarios de que hay un «golpe» en curso.
«La alegación de que este ‘impeachment’ constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales», dice el documento.
Según Anastasia, «nunca se vio un golpe con derecho a la amplia defensa y al principio de la contradicción, con reuniones claras, transmitidas en vivo por televisión, con derecho a la palabra para todos los actores políticos y con sus procedimientos dictados por la Constitución y el Tribunal Supremo», que supervisa el trámite.
Por el contrario, sostiene que «los hechos delictivos están debidamente descritos, con indicios suficientes de autoría y de materialidad».
Antes de la votación del viernes, la comisión escuchará mañana por última vez a la defensa, que podrá hacer un postrero esfuerzo para convencer a los senadores de sus tesis.
Sin embargo, por lo visto en varias votaciones realizadas en la comisión sobre diversos asuntos y en los propios debates, entre los 21 miembros hay una clara mayoría de 16 senadores favorables a la instauración del proceso, frente a sólo 5 que se oponen.
La presentación del informe de Anastasia fue el segundo mazazo del día para Rousseff, que por la mañana fue sorprendida con la confirmación de que la Fiscalía ha pedido que se la investigue por asuntos asociados a la corrupción en Petrobras.
La Fiscalía se apoyó en denuncias del exjefe del oficialismo en el Senado Delicio Amaral, detenido por ese asunto y que acusó a la mandataria de intentar obstruir la acción de la Justicia en ese escándalo.
«Las denuncias son absolutamente falsas y mentirosas», declaró Rousseff, quien apuntó que tiene «certeza de que esa investigación demostrará apenas que el senador otra vez mintió».
