Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en entrevista en Notimundo a la Carta con Marcela Holguín, confirmó que esta entidad realizó este jueves una invitación formal a los siete periodistas ecuatorianos de El Comercio y El Universo, quienes participaron en la investigación del caso conocido como “Panamá Papers”, para que asistan a una reunión el próximo martes y sean parte de esta «minga para construir un país ético» mediante la entrega de información completa de su trabajo.
Jarrín señaló, además, que desde el Consejo de Participación reconocen el trabajo de los periodistas, que es una labor, afirmó, fuerte, delicada y que la intención de esta entidad de control es invitar a los profesionales de la comunicación a sumarse a esta lucha contra la corrupción. «Se ha pedio información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); así como de la Fiscalía de Panamá, y se invitó a Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, con el objetivo de que colaboren en la entrega de documentación existente», detalló el funcionario.
Asimismo, el Consejo ha dispuesto que la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción solicite a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria en pro de esclarecer los hechos, y emprenda acciones de coordinación con las instituciones pertinentes. «Veremos quien asiste y quien quiere colaborar con esta causa porque debemos realizar una investigación responsable que lleve a sanciones. Estamos llamando a una colaboración a los periodistas, y en ningún momento se está atentando la libertad de expresión», señaló.
Sobre el Informe Anual sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y en el que se señala que los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua usan «pesada» burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y «reprimir» a la sociedad civil, Jarrín señaló que el mismo es sesgado y añadió que al parecer los informantes para el desarrollo del documento son los mismos de siempre. «Son los asalariados por el Gobierno de los Estados Unidos. No he visto que existe ningún amedrentamiento a la sociedad civil», dijo.
