El plazo para que la ciudadanía denuncie a doce autoridades de cuatro entidades que están siendo evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición concluye hoy; y al momento el Consejo de la Judicatura (CJ) es el que tiene más quejas de las 103 recibidas.

El CPC analiza la actuación de los cinco vocales de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral (CNE), al fiscal general, Carlos Baca, y al superintendente de Bancos, Christian Cruz, para lo cual abrió un periodo de cinco días para que la ciudadanía los denuncie.

El último reporte refleja que en contra del CJ hay 80 denuncias; del CNE, 4; del fiscal general, 15, y del superintendente de Bancos, 5.

En el CPC, un hombre en un escritorio recibe las quejas, como la de un representante de la exjueza Madeline Pinargote, por un supuesto acto de corrupción por parte del CJ. Ella asegura que fue destituida por presuntas presiones políticas.

Esto, mientras en los exteriores, un grupo de ciudadanos levantó gigantografías con fotografías del presidente del CJ, Gustavo Jalk, con la leyenda: “¡Que se vayan todos!”.

Otras denuncias provinieron de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) o del legislador de CREO Esteban Bernal.

Hoy, líderes de varias organizaciones políticas como Unidad Popular, PK, CREO, ID, agrupados en el colectivo Liberación del CNE, presentarán una denuncia en contra del CNE, por el presunto “origen ilegítimo”.

Se sumarán otras como la del grupo ambientalista YASunidos, por cómo se revisaron las firmas que presentaron para llamar a consulta popular y evitar la explotación del Yasuní.

Estos expedientes serán investigados por equipos técnicos del Consejo, cuyos resultados serán remitidos al pleno para que tome una resolución, que podría ser la cesación de una autoridad.