La magistrada Rosa Weber rechazó anoche el pedido del diputado opositor Arnaldo Faria de Sá para que se anexaran a los cargos sobre maniobras fiscales -que sustentan el trámite del juicio- el testimonio de implicados en las corruptelas, según los cuales Rousseff sabía lo que ocurría y trató de obstruir la investigación.
«No cabe intervención judicial en el trabajo parlamentario en curso», afirmó la jueza en su parecer, en el que también señaló que «el propio tema pende de decisión definitiva en el ámbito de la votación del informe que será producido en la comisión especial», lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril.
La comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para que Rousseff sea sometida a un juicio político ya había rechazado la semana pasada la incorporación de las denuncias que relacionan a la presidenta con el esquema de Petrobras.
Dicha comisión, formada por 65 diputados, elaborará un documento que, de recibir luz verde, pasará al pleno de la Cámara Baja, donde necesita el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios para proseguir hasta el Senado.
La Cámara Alta decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia el propio juicio político, en cuyo caso la presidenta deberá apartarse del cargo durante 180 días.
Ése será el plazo que tendrá el Senado para concluir el proceso y durante el cual Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que completaría el mandato hasta el 1 de enero de 2019 si la jefa de Estado es finalmente destituida.
