En concreto, se investigan las supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En una resolución dictada hoy, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró «inadmisible» el recurso de casación interpuesto por la defensa de Báez, quien está detenido desde el pasado 5 de abril.
Mediante dicho recurso, la defensa intentaba impugnar la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello, quien el 18 de abril decidió procesar con prisión preventiva al empresario.
La Cámara de Casación sustentó la denegatoria del pedido de excarcelación «en la naturaleza económica del ilícito y el monto involucrado y no recuperado aún».
«Como así también que a Báez se le imputan delitos presuntamente cometidos al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado, destacándose las sospechas de actuación irregular por parte de funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); y las amenazas denunciadas por los coimputados», añade el CIJ.
Lázaro Báez fue estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista.
Se trata de la misma causa por la que el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
El pasado 18 de abril, Casanello, además de a Báez, procesó al hijo de este, Martín, así como al contable Daniel Pérez Gadín y a los financieros César Fernández y Fabián Rossi, entre otros, al considerarlos «co-autores del delito de lavado de activos».
En la misma resolución, el juez citó a declaración indagatoria al extitular del Fisco argentino durante el Gobierno de Fernández, Ricardo Echegaray.
Además, la pasada semana, Casanello ordenó realizar una serie de allanamientos en las extensas propiedades de Báez en el sur del país y el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la hipótesis más fuerte sobre el origen del patrimonio es el «sobreprecio» en las obras públicas.
La causa se inició en 2013, cuando el financiero Federico Elaskar reconoció en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
El caso volvió a tomar impulso recientemente, después de que diversos medios locales difundieran unos videos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando fajos de billetes, millones de dólares, en una oficina de la financiera SGI en Buenos Aires.
