Durante el debate de este día, los asambleístas resaltaron la apertura de la Comisión de Soberanía Alimentaria para incluir los aportes no solo de los sectores involucrados en materia de tierras rurales y territorios ancestrales recogidos en territorio, sino también las sugerencias planteadas por los legisladores para construir una normativa que se ajuste al mandato constitucional.
Por ejemplo, la asambleísta Teresa Benavides agradeció, en nombre de su provincia, Manabí, el haber incluido propuestas que se generaron en esa provincia, a la vez que señaló que este proyecto ha sido una “aspiración por varias décadas de sectores desposeídos para tener acceso a la tierra para lograr un real desarrollo y crecimiento en el campo. El sector campesino ve con gran agrado este avance de justicia social, porque de hoy en adelante tendrán una garantía legal y les permitirá avanzar y desarrollar la producción de las tierras”, enfatizó.
Esta ley corrige la concentración de la tierra en grandes capitalistas, garantiza la función social de propiedad agraria, fomenta la protección de áreas de reserva y crea el Fondo Nacional de Tierras para el acceso equitativo.
Mientras que Betty Jerez señaló que esta ley salda una deuda histórica del Estado con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sectores campesinos, agricultores. Hace falta una ley que se ajuste a las necesidades del sector rural; en el proyecto se propone la existencia de unidades productivas familiares con medidas económicas estimadas en hectáreas productivas lo cual permitirá el desarrollo de la familia rural, destacó.
Así mismo, sostuvo que un componente indispensable del proyecto es la soberanía alimentaria, la producción, fertilidad de los suelos, la conservación de la tierra, la regulación de los derechos colectivos garantizando la propiedad ancestral. Esta ley no fue hecha desde el escritorio sino con los pueblos y nacionalidades, conociendo la realidad de los territorios y los conflictos que allí se presentan, subrayó.
Entre tanto, el legislador Mauro Andino precisó que en la propuesta no solo se incorpora la función social de la tierra sino también la ambiental. Pidió sustituir el artículo 55 respecto de la posesión agraria que deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de cinco años, es decir, definir de manera más clara que la posesión agraria puede darse a título personal o familiar de conformidad con la ley.
Verónica Rodríguez manifestó que el proyecto ayuda a la redistribución de tierras improductivas. Además se determina que la Autoridad Agraria Nacional establecerá límites máximos a la propiedad de tierras rurales.
De su lado, Richard Farfán indicó que la ley de tierras beneficiará directamente a los campesinos, pequeños y medianos agricultores. La ley crea incentivos para que la sociedad haga uso eficiente de la tierra y garantizar la soberanía alimentaria. La consulta prelegislativa permitió que la ley sea construida con la ciudadanía y para la ciudadanía, agregó.
