Esta propuesta es fundamental para la defensa de los ciudadanos, aseguró la legisladora Pamela Falconí, quien es la mentora de la iniciativa. Muchos legisladores coincidieron con ella y aseguraron que el espíritu de la ley es la defensa de los usuarios de estos servicios. Falconí destacó que hay que tener claro el objeto social de la norma. Por ejemplo, se amplían los derechos a la no discriminación, al debido proceso, a los consumidores, esto último porque se determinan mecanismos para que los usuarios puedan tener información y verificar lo que están contratando.
Además resaltó que se busca que estas compañías brinden sus servicios, por ejemplo, a enfermedades congénitas, genéticas, hereditarias (con cobertura total); también a enfermedades preexistentes, crónicas, catastróficas, degenerativas, raras, atención oncológica, trasplante de órganos, servicios de salud para personas con discapacidad; estudios anatomopatológicos, genéticos y congénitos; prestación de salud dental; embarazos; atención hospitalaria integral; atención de casos de urgencia y emergencia; prestación de prevención de enfermedades, entre otros, que en muchos de los planes que hoy se ofrecen no cubren.
Por su parte, María Alejandra Vicuña, asambleísta de la comisión de la Salud, sostuvo que “la ley no es contra nadie, por el contrario, es a favor de todos; no sataniza la actividad privada, lo que sí cuestionamos son los abusos que se han dado por parte de algunas empresas, que han actuado en detrimento del derecho de los usuarios”.
Para ella, lo más importante es que se “establecen mecanismos que permitan al usuario ejercer el derecho de reclamar ante la autoridad competente. Tiene una hoja de ruta a seguir, con tiempos concretos, que den tranquilidad al usuario y obligatoriedada las autoridades para hacer cumplir los diferentes derechos”.
