Además, exhorta a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que emita las regulaciones normativas necesarias con relación al proceso de imposición de sanciones administrativas previstas en el artículo 264 del Código , Monetario y Financiero y que los organismos de control del sector financiero, popular y solidario dicten las normas necesarias para instrumentar los procesos de control, verificación, auditoría, restitución y acreditación automática, incluidos sus intereses, de valores indebidamente cobrados.
Así mismo, que promuevan la presentación, calificación y trámite de iniciativas legales que tengan la finalidad de crear y regular mecanismos de auditoría, control y defensa de los dineros depositados en el sistema financiero nacional de cobros indebidos por parte de entidades financieras, así como, de mecanismos y procesos que permitan, en caso de comprobarse estas prácticas, el reintegro automático de valores con los correspondientes intereses.
Adicionalmente, se recomienda que en dichas iniciativas legales se agregue una disposición que establezca que las entidades financieras y de economía popular y solidaria que no tengan como respaldo de los débitos automáticos la autorización previa y expresa de sus clientes, procedan de oficio a la devolución de los valores más los intereses.
Se solicita al Consejo de Administración Legislativa que califique de manera prioritaria todos los proyectos de Ley presentados por los asambleístas relacionados con cobros y débitos indebidos realizados a sus clientes por parte de las entidades del sistema financiero nacional y de la economía popular y solidaria.
También, la inmediata comparecencia del Superintendente de Bancos al Pleno de la Asamblea Nacional para que informe los resultados de control efectuado a las entidades financieras, las sanciones impuestas, el número de casos y los montos indebidamente cobrados y si se ha logrado efectuar su reintegro.
Esta acción deberá extenderse, de ser necesario, a otras autoridades de control, a fin de definir y resolver completamente la problemática visibilizada en este informe.
Este informe será remitido a la Comisión de Fiscalización, para que revise la actuación de las autoridades con relación a la problemática detectada e inicie, de considerar que existe fundamento legal para ello, los procesos de control y fiscalización correspondientes.
En las recomendaciones se insta a la Función Ejecutiva y al Consejo de Participación Ciudadana a terminar los procesos de selección de las autoridades definitivas de la Defensoría del Pueblo y Superintendencias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo 3 de la consulta popular del 4 de febrero de 2018.
Los parlamentarios concluyen que los bancos han tramitado devoluciones por 1,2 millones de enero a octubre de 2018, de los cuales 620 mil fueron devueltos exclusivamente en el mes de octubre de 2018.
Finalmente advierte que es evidente el incumplimiento de la ley, considerando que las entidades financieras han devuelto valores a los usuarios como consecuencia de los reclamos y, por tanto, deben iniciarse los procesos sancionadores de acuerdo con la normativa vigente.
Fuente: Asamblea Nacional – Nota original: LINK
