Por presunta usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos e instigación a la desobediencia, el Ministerio Público de Venezuela emitió una orden de detención en contra del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
El principal señalamiento del régimen venezolano es la publicación de resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en una plataforma alterna a la del Consejo Nacional Electoral, a la que el gobierno la calificó de “falsa”.
Este hecho responde la ausencia de González a los tres llamados realizados por la Fiscalía para comparecer.
Frente a esto, los gobiernos de Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron su rechazo a la orden de arresto emitida en contra de González.
En un comunicado conjunto, dichos países consideraron que el régimen chavista no ha brindado las garantías judiciales mínimas a personas contratarías al Gobierno, y ejecuta prácticas que podrían calificarse como “dictatoriales”.
Quien también condenó este hecho fue la OEA, y enfatizó que la decisión de la Fiscalía de ese país configura un instrumento para ejecutar crímenes de lesa humanidad, en medio de una constante persecución política a las posturas contrarias al régimen de Nicolás Maduro.
Días después de la orden de captura, el fiscal general, Tarek William Saab mantuvo una reunión con el abogado de González, donde la defensa pidió el respeto a la presunción de inocencia del líder opositor. Sin embargo, William Saab ratificó su citación en contra de González para “responder ante la justicia”, dijo.
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