La resolución se adoptó de madrugada tras un largo e intenso debate en el que se analizó el informe elaborado por una comisión de investigación compuesta por siete diputados oficialistas y cinco de la oposición.
Los diputados opositores se desmarcaron del informe final al no estar de acuerdo con las conclusiones en las que se libró de culpa a Morales.
Según informó la Vicepresidencia boliviana, el citado documento «señala que los procesos de contratación -seis en total- investigados» en los que la empresa china se adjudicó obras «se desarrollaron en el marco de la legalidad y competitividad».
«Se declara improbada la acusación inicial que había en contra del presidente Evo Morales en relación a tráfico de influencias», declaró la presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño.
Afirmó que, según la investigación, «todos los procesos de contratación en los cuales la empresa Camce se benefició con adjudicación de obras fueron desarrollados en el marco legal, fueron procesos competitivos en los que la empresa china ganó ya sea por su propuesta técnica (o) mejores propuestas económicas».
Montaño precisó que en uno de los contratos, que establece la construcción de un tramo de línea férrea, se encontraron irregularidades en el proceso de contratación, por lo que el caso se derivará a la Contraloría del Estado para que determine si existe responsabilidad administrativa, civil o penal.
También recalcó que no se trató de «obras fantasma», porque en la investigación se verificó que fueron ejecutadas.
La denuncia que dio lugar a esta investigación la efectuó el periodista Carlos Valverde en febrero pasado, cuando reveló que Evo Morales mantuvo entre 2005 y 2007 una relación con la boliviana Gabriela Zapata, quien fue durante varios años gerente comercial de Camce en Bolivia.
Valverde también hizo pública la supuesta partida de nacimiento de un hijo de Morales y Zapata, que supuestamente nació en 2007 y sobre cuya existencia real se ha desatado una gran polémica entre el Gobierno, que la niega, y la madre del menor, que sostiene que está vivo pero se niega a mostrarlo por motivos de seguridad.
Camce obtuvo contratos del Estado boliviano por valor de 566 millones de dólares, la mayoría por invitación directa.
Morales admitió en su momento esa relación con Zapata y el nacimiento de un hijo de ambos, aunque luego afirmó que el menor murió por enfermedad tras nacer.
El mandatario encargó al Parlamento, en el que su partido tiene la mayoría, y a la Contraloría, administrada por un exdiputado oficialista, que investigaran las denuncias en su contra.
Los opositores que fueron parte de la comisión elaboraron su propio informe de minoría que será enviado a la Fiscalía, pero no ratificado por el Legislativo.
Mientras, Gabriela Zapata permanece desde hace casi dos meses en prisión, acusada de delitos económicos entre los que figura el supuesto uso de oficinas del Ministerio de la Presidencia para mantener reuniones con fines de lucro con empresarios privados.
