Marco Proaño Maya, ex diputado y especialista en temas de seguridad social, en el análisis semanal de Más Allá de los Hechos con Estefani Espín, se refirió al acuerdo ministerial que busca regular los requisitos y mecanismos para viabilizar los procesos de desvinculación de los servidores públicos que manifiesten quieren acogerse al retiro por jubilación en las Instituciones del Estado. En este sentido, el analista manifestó que esta decisión es un distractor porque pretende, ratificando el derecho de los que se acogieron a la jubilación, invocar normas en las que se señala que se pagará primero a los jubilados con 70 años, invalidez o enfermedad catastrófica.
«Y deja a discrecionalidad las discusiones del Estado de poder cumplir con sus obligaciones», dijo Proaño, quien añadió que con este acuerdo se violenta el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así, afirmó que los derechos de los ciudadanos deben cumplirse y respetarse, y es un deber del Estado respetar y hacer respetar las normas jurídicas.
Maya señaló, además, que lamentablemente en Ecuador cuando existe un mandato de una Ley como el artículo 129 de la LOSEP, que establece que se compensará a los servidores que se jubilen, con una cantidad igual a cinco salarios básicos por cada año de servicio, a partir del quinto año (hasta 150 sueldos), que no puede cumplirse, las autoridades invocan un decreto ejecutivo y ministerial. «No se respeta ese principio universal de la jerarquización de las leyes», destacó.
El acuerdo N° 100, en su artículo N° 5, cita que con el fin de planificar el pago del beneficio señalado en el artículo 129 de la Losep. Las peticiones presentadas entre enero y abril de cada año, serán consideradas en el mismo año, y las presentadas entre mayo y diciembre se considerarán en la planificación del siguiente período fiscal. «Cuando el poder político no puede cumplir con el mandato de la Ley dictan acuerdos, desbordando lo que debe ser una obligación´+on sagrada del poder público», afirmó.
En otro tema, Pabel Muñoz, extitular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), manifestó que el aumento de dos puntos en el IVA, que dictamina en la Ley Solidaria, no tuvo un cálculo político y será retirado el 1 de junio del 2017, cuando ya esté posicionado un nuevo Gobierno. «Si hubiera un cálculo de por medio, sería un cálculo perjudicial para el Gobierno porque las elecciones serán en siete meses», dijo
Muñoz criticó, además, a la oposición, como un sector al que le disgusta todas las propuestas del Gobierno Nacional. En este sentido, afirmó que todas las decisiones políticas fueron tomadas por el contexto económico que atraviesa el país, agravada antes del terremoto por la caída de los precios del petróleo.
«Las salvaguardias fueron implementada para proteger la dolarización y no afectar la balanza comercial; las reformas tributarias fueron implementadas para cubrir una parte de la disminución de más 7.000 millones de dólares que ha tenido la economía por los precios del petróleo; se aprobó la Ley de Seguro de Desempleo que busca proteger el empleo; y se implementó los impuestos a los consumos especiales», detalló.
Asimismo, señaló que en abril, cuando ya la economía ecuatoriana estaba golpeada, se registró el terremoto que afectó en 3.400 millones a la economía y por ello el Gobierno debió tomar medidas solidarias que ayuden a la reconstrucción de las zonas afectadas. «En estos 22 meses de caída del precio del petróleo, el Gobierno tomó medidas para proteger la economía», dijo el exfuncionario, quien confirmó que el Gobierno Nacional continuará el debate de las Leyes de Herencias y Plusvalía, que serían nuevamente enviadas a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Rafael Correa.
