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El año que termina fue también de decisiones importantes en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess). El Gobierno eliminó la obligatoriedad del aporte estatal para el pago de pensiones jubilares, negó que existiera una deuda del Estado con la entidad y decidió redistribuir los fondos de pensiones para cubrir el déficit en salud.

Todo se inició en marzo cuando el bajo precio del petróleo empezó a afectar las cuentas públicas, cada vez había menos dólares para cubrir gasto corriente, inversiones y deudas pendientes como la que mantenía el Estado con el Iess por 1.800 millones de dólares, por las atenciones de salud de los jubilados y enfermedades catastróficas.

Ese compromiso del Estado proviene de una reforma a la ley de seguridad social  en 2001, cuando se quería privatizar el Iess, y que el Gobierno solicitara la inconstitucionalidad de dicha ley porque no existe reglamento que establezca el cálculo de esas atenciones de salud de los jubilados y enfermedades catastróficas.

Con el solo desconocimiento presidencial, esa deuda del estado con el Iess se evaporó; para cumplir con la Ley, el presidente emitió un decreto mediante el cual el Gobierno se hace cargo de la atención médica a jubilados y de las enfermedades catastróficas, pero no pagándole al Iess, sino ofreciéndoles atención en la red de hospitales del Ministerio de Salud.

Sectores sindicales y de jubilados elevaron su protesta sin éxito; pues antes de ser escuchados, un nuevo anuncio presidencial amenazaba ya no con desconocer una deuda con el Iess, sino de eliminar un compromiso de subsidio estatal a las pensiones jubilares.

Se cuestionó así el pago del 40%  de las pensiones jubilares que para  la fecha el Iess reclamaba el atraso de dicho pago desde 2002, por 1.766 millones de dólares; según el presidente Correa, el pago de esta subvención “significa menos escuelas”.

El artículo 237 de la Ley de Seguridad Social obligaba al Estado a cubrir con el 40% del valor de las pensiones y al Iess con el 60% restante, y esa obligación el Gobierno la venía honrando los últimos años; pero, nuevamente, por el bajo precio del petróleo el Gobierno buscaba financiamiento y lo encontró en el Iess.

La denominada Ley de Justicia Laboral y Reformas al Iess sustituyó el aporte fijo del 40% por una norma de carácter general que, si bien dice que el Estado garantizará el pago de pensiones, no señala hasta cuánto ni cómo lo hará.

Las protestas se incrementaron entre dirigentes sindicales y un sector de los jubilados, pero sus movilizaciones mas allá de incomodar al Régimen no causaron ningún efecto contrario en la práctica, la reforma quedó zanjada y así el Gobierno se ahorró casi 1.800 millones de dólares que pudo destinarlos al pago de gasto corriente e inversiones.

Este fue el último golpe al Iess, tal como lo calificaron expertos en seguridad social que miraron escandalizados la decisión del Consejo Directivo del Iess. Con una resolución aprobada con el voto del presidente del Consejo Directivo y el alterno del representante de los empleadores, se decidió cambiar la distribución del aporte del afiliado para que el porcentaje que iba a pensiones vaya ahora a salud y viceversa; pues existía un déficit de unos 700 millones de dólares en el fondo de salud del Iess, entre otras razones, por haber extendido la cobertura a los hijos del afiliado.

Es decir, del aporte del 20,6% del afiliado, el 9,74% se destinaba al fondo de pensiones y el 5,71% restante al fondo de salud, la idea del Gobierno es cubrir el déficit en salud, aunque, a criterio de los expertos, se crea un grave problema al fondo de pensiones poniendo en riesgo el dinero de los futuros jubilados.