La investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), ha dado origen a más de una veintena de indagaciones por supuestos actos de corrupción en el interior de Petroecuador y ha provocado, además, que la persecución a los medios de comunicación se incrementase.
Estas conclusiones, sacadas de un informe preliminar hecho público hoy en Guatemala en el marco de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hacen referencia también a la denuncia interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en el país entre 2007 y 2016.
La coyuntura de hostilidad contra la prensa, según el documento -que aún debe ser aprobado-, menciona casos de periodistas como Tania Tinoco (Ecuavisa), Janet Hinostroza (Teleamazonas), Ricardo Arques y Ánderson Boscán (diario Expreso), quienes entrevistaron al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, acusado de lavado de activos.
Su labor fue criticada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien utiliza su espacio «Enlace Ciudadano» para cuestionar a medios, periodistas, políticos y opositores, y donde calificó el trabajo de estos comunicadores como una «porquería».
Otros medios, señala el informe de la SIP, también fueron víctimas de los comentarios de Correa por supuesto «mal manejo de la información», replicar noticias de «medios amarillistas» y llevar «una campaña sucia», además de que los calificó de «corruptos», «pasquín», «vende patria» y hasta rompió un ejemplar del diario Expreso en pleno programa.
Ante esta situación, la entidad dice que las cadenas nacionales no son 100% informativas, pues muchas se usan para «descalificar a autoridades, analistas y periodistas», al igual que otros espacios radiales o sitios web que han sido hackeados.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) de Ecuador aplicaron 31 sanciones económicas, 16 rectificaciones, 23 réplicas obligatorias, siete disculpas públicas, 11 amonestaciones escritas y ocho llamados de atención a varios medios de comunicación por sus informaciones.
La SIP, con sede en Miami, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, y está compuesta por más de 1.300 publicaciones asociadas en el hemisferio occidental.
Desde ayer, viernes, la entidad celebra en la ciudad colonial La Antigua su reunión semestral, en la que la libertad de prensa y los homicidios de periodistas serán uno de los temas de este encuentro, que se prolongará hasta el lunes 3 de abril.
