La Policía hondureña desalojó a los manifestantes, algunos de ellos extranjeros, lo que derivó en forcejeos, empellones y golpes con bastones de madera, sin causarles heridas.
Los indígenas arrojaron piedras y otros objetos contra los policías y estos en su avanzada usaron gases lacrimógenos y un cañón de agua para dispersar a los manifestantes que exigen se esclarezca el asesinato de Cáceres.
El ministro coordinador general del Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández, condenó hoy la manifestación «violenta» y anunció que las autoridades trabajan en identificar a extranjeros que participaron en la protesta.
«Hemos impartido instrucciones tanto a la Dirección Nacional de Inteligencia como al Instituto Nacional de Migración para que procedan a identificar a los extranjeros que han estado participando en estas manifestaciones violentas o incitando a la violencia, y se les aplique los procedimientos que la ley indica», dijo Hernández en una comparecencia, junto al ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez.
Los altos funcionarios hondureños consideran que los indígenas «no tienen razón alguna» para protestar, ya que las investigaciones sobre el asesinato de Cáceres han derivado en la captura de cinco personas.
Contra cuatro de los detenidos el pasado día 2, un juez ordenó el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento, mientras que el viernes se dictó requerimiento fiscal contra un quinto, quien tenía en su poder el arma con la que fue asesinada Cáceres, según el Ministerio Público.
Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado y extrabajador de la empresa DESA; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de esa empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
El quinto requerido, también detenido el 2 de mayo, es Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, a quien se había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.
El Gobierno hondureño «ha sido muy tolerante en respetar el derecho de manifestarse» en el país, pero «no se va permitir que marchas violentas vengan a llevarse la tranquilidad que Honduras ha tenido», subrayó Sánchez.
Tras los disturbios ocurridos en la parte frontal de la Casa Presidencial en Tegucigalpa, la Policía detuvo a al menos cuatro indígenas, dos de ellos menores de edad, dijo a Efe uno de los manifestantes que se identificó como Pastor, quien no descarta que haya más personas arrestadas.
Los detenidos fueron identificados como Francisco González, Jesús Vásquez, de 26 y 23 años, respectivamente; Walter Matute y Yunior Muñoz, los dos últimos menores de edad, según un informe del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres era coordinadora general.
Hasta ahora ninguna autoridad ha especificado dónde fueron llevados los detenidos en el enfrentamiento de este lunes.
Todos los manifestantes coinciden en que llegaron a Tegucigalpa de «manera pacífica» a exigir justicia por el crimen de la ambientalista, asesinada en la occidental ciudad de Intibucá, donde vivía.
Además, piden al Gobierno hondureño cancelar la concesión otorgada a la empresa DESA, responsable de la planta hidroeléctrica Agua Zarca, así como de otros proyectos que pretenden desarrollar en las comunidades lencas.
Cáceres se oponía a la construcción de la represa Agua Zarca por considerar que atentaba contra los recursos naturales del país.
Uno de los coordinadores del COPINH, Tomás Gómez, responsabilizó al ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, de las agresiones que varios indígenas sufrieron en los disturbios.
«Vemos que al Estado no le va importar si nos asesinan, si asesinaron a Berta, no le importa, porque vemos que nos responden con bombas lacrimógenas, con golpes, sabemos que han detenido a cuatro compañeros y otros están en el hospital», dijo Gómez a Efe.
El activista pidió justicia por el asesinato de Cáceres y exigió al Gobierno autorizar que un equipo de expertos internacionales coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), participe en la investigación del crimen.
Denunció que el Gobierno ha estado «confabulado» con la empresa DESA, que rechaza su participación en el crimen de Cáceres y este lunes indicó en un comunicado que confía en que la Justicia hondureña llegará a los «verdaderos culpables» del crimen.
La empresa aseguró que continuará a disposición de las autoridades del país centroamericano de «forma permanente y cooperando» en este caso que ha conmocionado a los hondureños y la comunidad internacional.
