El año que concluyó registra además 995 locales clausurados situados en diversos puntos de la provincia de Pichincha y cantón Quito y la aprehensión de 47 personas, cifras que refrendan el compromiso del Ministerio del Interior por disminuir la comercialización de productos con bajos estándares de calidad, el comercio desleal y el fiel cumplimiento del ordenamiento legal.
Dentro de la política de seguridad ciudadana y control público, estos operativos interinstitucionales planifican visitas a sitios de diversión, licorerías, bares, restaurantes y otros de comida rápida, karaokes, entre otros, donde despliegan un control integral para fortalecer la seguridad, la no violencia ni escándalos en la vía pública.
Productividad
Del total de locales visitados, entre los más relevantes se citan 667 abacerías y abarrotes sin venta de bebidas alcohólicas, en donde se incautaron 2.260 productos, 71 clausuras y una persona detenida.
Asimismo, las autoridades competentes en este período citado visitaron 446 discotecas, 135 soportaron clausuras y 237 artículos fueron confiscados. De las 413 licorerías registradas, 182 se cerraron y se decomisaron 721 objetos.
No faltó el registro de las autoridades a 351 bares que derivó en la clausura de 119 y 58 objetos decomisados; mientras que la inspección a 207 complejos deportivos dio como resultado cuatro clausuras, el retiro de 1.727 artículos y 19 detenidos.
Dentro de las actividades de control, las estadísticas refieren también 29 clausuras de 163 restaurantes supervisados y la incautación de 124 objetos. Adicionalmente fueron visitados 154 night clubs, 106 picanterías, 116 micromercados, que en conjunto registran 134 clausuras y el decomiso de 2.238 artículos.
Los operativos de control se intensificarán en el presente año de manera permanente tanto en la provincia como en el cantón Quito, como parte de los ejes y programas establecidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a inhibir la venta de cualquier producto sin respaldo legal, evitar la comisión de ilícitos y alterar el orden público, así como a fomentar la cultura de la denuncia. La intención es impulsar el derecho a un trabajo digno siempre y cuando se cumpla con los ordenamientos legales.
