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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó, el pasado 22 de diciembre, al Estado ecuatoriano como responsable por la privación arbitraria de la vida del menor José Luis García Ibarra, de 16 años, por parte de un funcionario de la Policía, hace 23 años. Esta es una nueva sentencia emitida contra el país por una vulneración de los derechos humanos.

La CorteIDH consideró que el proceso penal interno no constituyó un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina sobre el modo y circunstancias en que García fue privado de su vida. La sentencia también indica que el Estado no brindó una explicación satisfactoria sobre la legitimidad del uso letal de la fuerza por parte de un agente de la Policía en contra de un adolescente que “no representaba algún peligro que requiriera defensa propia de la vida o de otras personas”.

Mauricio Alarcón, director de Proyectos de Fundamedios, explicó a NotiMundo que esta no es una condena aislada, sino “uno más de los tantos casos que se están ventilando actualmente en el Sistema Interamericano respecto de Ecuador”. Señaló que “hay que tener en cuenta que los tiempos dentro del Sistema Interamericano son variables”, por lo que no quiere decir que este último caso ingresó en 1992, sino que pudo haber entrado años después, una vez que se agotaron todos los recursos internos.

Alarcón indicó que la CorteIDH ha recibido “varias decenas de condenas” las que se han recibido desde los años 80, incluyendo algunos casos que todavía no tienen sentencia. Aquí, comentó que no todos los casos son relacionados con desapariciones forzadas o vulneración a los derechos humanos, sino que hay otros casos como la destitución ilegal de los exmagistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia. Alarcón refirió que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cambio, “llegan miles de denuncias por parte de ecuatorianos”, pero “la estadística señala que 9 de 10 casos que se presentan ante la Comisión quedan desechados por no cumplir con formalidades”.

Por último, Alarcón manifestó que “algo está pasando con la Justicia ecuatoriana”, por lo que “mientras no se garantice en su totalidad para todos los ciudadanos sus derechos y libertades, es imposible hablar de un buen sistema judicial”.