En el capítulo quinto del documento se realizó un análisis individual de los magistrados. Una de las conclusiones: “los nueve jueces de la Corte Constitucional tienen indagaciones previas abiertas (en la Fiscalía) por el presunto delito de lavado de activos, fundamentados en reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE)”.
Se añade que si bien no se han formulado cargos, el hecho de que la UAFE haya emitido reportes “evidencia” que se detectaron operaciones inusuales de dinero de los magistrados, lo que pone en duda la probidad en sus cargos.
Además, se detalla que dos jueces tienen informes de indicios de responsabilidades emitidos por la Contraloría, por presunto enriquecimiento ilícito. Se advierte que se debe precautelar su inocencia.
El informe de evaluación tiene 249 páginas y fue entregado a los nueve jueces para que hagan sus descargos. Las pruebas escritas se presentaron hasta el lunes 13 de agosto del 2018, a excepción de Alfredo Ruiz, presidente de la CC, quien pidió una prórroga hasta este jueves, 16 de agosto. Mientras que las audiencias orales se realizarán mañana ante el Pleno del Cpccs.
Sobre el cumplimiento de funciones, la investigación concluye que esta Corte desnaturalizó el papel que la Constitución del 2008 le otorgó, para que sea la máxima institución de protección de derechos, con capacidad de interpretar la Constitución.
