Mae Montaño, asambleísta por CREO, en entrevista en Notimundo a la Carta con Marcela Holguín, confirmó que los miembros del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, conformado por los principales partidos y movimiento de oposición, presentaron este lunes en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al Reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mae Montaño, asambleísta por CREO, en entrevista en Notimundo a la Carta con Marcela Holguín, confirmó que los miembros del Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, conformado por los principales partidos y movimiento de oposición,  presentaron este lunes en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al Reglamento expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que pretende reformar el financiamiento, propaganda y gasto electoral para las elecciones del 2017, y a través del cual “se violaría la Constitución y se atentaría contra los derechos de las organizaciones políticas”.

Montaño señaló que el Reglamento emitido por el CNE viola los artículos 109 de la Constitución, que establece claramente que los partidos y movimientos políticos se encuentran facultados a proponer programas de Gobierno para lo cual deben difundir sus principios ideológicos; el 226 del Código Político; y el 425 de la Constitución de la República. «El CNE pretender imputar cualquier acción que realicen los partidos y movimientos políticos, al gasto electoral. Es decir que cualquier actividad que las organizaciones políticas hayan generado en el año previo al año electoral podrá ser considerado como gasto de campaña», afirmó.

Sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de que un legislador pierda su condición al registrar un 40% de inasistencias durante un mes, Montaño dijo que se puede aplicar únicamente lo que señala la Constitución y no se puede pasar sobre ella. En este sentido, afirmó que en el artículo 127 de la Carta Magna se detalla las siete causales de destitución y sobre esos temas se debería discutir dentro del Legislativo. «La señora presidenta tiene en sus manos mecanismos de tipo administrativo, de multas y sanciones pecuniarias, y no puede pasar por encima lo que dice la Constitución», destacó.