El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, designó al vicealmirante Oswaldo Fabián Zambrano Cueva como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en medio de un polémico caso de devolución financiera que molestó a la cúpula militar, destituida hoy mismo por el mandatario.

Mediante un decreto ejecutivo, Correa designó también al vicealmirante Ángel Isaac Sarzosa Aguirre como nuevo comandante de la Armada, a César Abdón Merizalde Pavón al frente de la Fuerza Aérea y a Luis Miguel Ángel Castro Ayala en el Ejército.

Con ello, el mandatario ecuatoriano renovó la cúpula militar que fuera destituida horas antes en medio de la polémica suscitada por una orden del Gobierno para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) devuelva 41 millones de dólares al Ministerio del Ambiente.

La cúpula militar saliente en la mañana había expresado ante la prensa su rechazo a esa medida y en un comunicado dijo que no estaba de acuerdo «en que se debiten recursos» del Issfa, porque lo prohibía «de manera expresa la Constitución».

Correa, en twitter, respondió al alto mando militar y dijo que «con mucho dolor» había decidido cesarlos de forma anticipada. «No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país», escribió.

La polémica se desató porque el Gobierno ordenó la devolución de un sobreprecio obtenido por el Issfa en la venta de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil, donde el Ministerio del Ambiente construyó un gran parque recreativo.

La Procuraduría del Estado determinó en noviembre pasado que el Issfa debía devolver el exceso en el valor pagado por los terrenos que le pertenecían y que luego fueron destinados a las instalaciones del Parque Samanes, el más grande de la ciudad.

Por esos terrenos se pagaron más de 48 millones de dólares, mientras que el Municipio de la ciudad apenas lo calculaba en 7,3 millones.

Por ello, el Gobierno ha dispuesto que el Ministerio de Finanzas retire los valores pagados en exceso al Issfa, para que sean entregados al Ministerio de Ambiente.

El asunto generó intranquilidad y polémica en un grupo de militares en situación de retiro, que temen problemas financieros en el Issfa si se devuelve la cantidad establecida por la Procuraduría.

A ello abonó la cúpula militar destituida que en un escrito aseguró que «los recursos de la Seguridad Social Militar les pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación».