Con pruebas presentadas por la Fiscalía Provincial de Manabí en la audiencia de juicio, 5 policías fueron declarados culpables del delito de destrucción de instalaciones y paralización de los servicios públicos, en esta ciudad, por los hechos acontecidos el 30 de septiembre del 2010.

El Tribunal Sexto de Garantías Penales de Manabí, conformado por  Lorena Romero, Mary Quintero y Sócrates Medranda, en audiencia realizada el 24 de marzo de 2016, en la Unidad Judicial de Manta, hizo válida las pruebas presentadas por el fiscal Marcelo Vásconez Crespo y determinó por unanimidad, la responsabilidad de los 5 procesados, en el grado de autores.

Los jueces emitieron su resolución a las partes procesales y anunciaron que en el transcurso de la próxima semana notificarán la pena impuesta a los procesados.

La Fiscalía acusó a Guido A., Gerardo C., Piero J., Pedro M. y Alfonso M., en base a lo dispuesto en el artículo 158 del Código Penal, que sanciona el delito con pena privativa de libertad de 8 a 12 años, sin perjuicio de aplicación al principio de favorabilidad (aplicación de la Ley menos rigurosa y que favorezca a la persona infractora).

En la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó a 26 personas que rindieron testimonio, entre ellos,  investigadores, peritos, policías y testigos de los hechos; así también, entre las pruebas testimoniales constaron el reconocimiento del lugar de los hechos, informes de inteligencia de la Unidad de asuntos internos de la Policía Nacional, peritajes de audio y video de los hechos suscitados esa fecha,  informe de identidad física humana y otros.

El 30 de septiembre de 2010, en los exteriores del Comando de Policía de la ciudad de Manta, un grupo de policías generó disturbios, lo que provocó la interrupción del servicio de seguridad en la ciudad trayendo como consecuencia robos, saqueos y daños a la propiedad pública y privada, acción que fue captada en video por los diferentes medios televisivos de esa ciudad.

Dato:

El artículo 156 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, reprime con reclusión mayor ordinaria  de 8 a 12 años y multa de 87 a 175 dólares americanos, al que destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos.