Esa es una de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 151, que el presidente Guillermo Lasso firmó y emitió el 5 de agosto, después de mantener una reunión con autoridades y representantes de empresas mineras en Carondelet.
Mediante el decreto se establece el Plan de Acción para el sector minero, cuyas políticas observarán criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad ambiental y social, garantizando la seguridad jurídica para las inversiones. El documento tiene 16 artículos, cinco disposiciones transitorias y una disposición final.
Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, expresó que el decreto se basa en varios pilares, entre ellos se destaca la atracción de inversión privada, brindando seguridad jurídica y garantías.
Además, dijo Bermeo, se hace una adecuación del marco jurídico para que la administración y manejo de los títulos mineros sea eficiente y ágil. El decreto también se enfoca en la simplificación de trámites y se da “una atención especifica” a la minería ilegal.
Dentro del plazo de 100 días determinado para el Ministerio de Energía, además de la difusión de las condiciones de la actividad minera legal, se establecen otras nueve acciones que deben cumplirse:
-Diseñar una estrategia integral para la prevención, combate y aplicación de sanciones a la explicación ilícita de minerales.
-Coordinar con el Ministerio del Ambiente para adoptar medidas para que los actos administrativos previos y demás permisos ambientales y de agua sean atendidos de manera oportuna.
-Instruir a la Enami en la toma de acciones para desarrollar y facilitar los acuerdos asociativos, con el fin de permitir la participación de inversionistas privados en los proyectos que tiene a su cargo.
-Promover y difundir las estadísticas y proyecciones del sector minero
-Promover negociaciones transparentes y equitativas entre el Estado y los titulares mineros.
-Fortalecer la institucionalidad de la entidad a cargo de la regulación, control y administración de los derechos mineros
-Generar política pública, normativa, regulación y control para fortalecer los procesos administrativos y evitar la discrecionalidad o arbitrariedad de los funcionarios en la interpretación de los contratos
El Plan de Acción contempla que el Estado se compromete a erradicar la explotación minera ilegal, a través de la intervención en el territorio nacional, especialmente en las zonas de difícil acceso.
Fuente: El Universo, nota original: LINK
