En el texto titulado: El Issfa no es una república independiente, detalla que después de años de solicitar Issfa la devolución de 41 millones de dólares pagados en exceso por el Ministerio del Ambiente (MAE) por la compra en octubre de 2010 de los terrenos donde hoy se levanta el magnífico Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil, el informe del Procurador General del Estado -informe vinculante y sugerido por el propio directorio del Issfa- evidenció el pago en exceso y cómo la transacción no se realizó sobre el avalúo catastral de los terrenos, como ordena expresamente la Ley de Contratación Pública en su artículo 58.
En relación a la auditoría pedida por el Gobierno, la Contraloría General del Estado ratifica el sobreprecio, ya que se vendieron tierras agrícolas por metro cuadrado y como si hubieran estado urbanizadas al momento de la venta, lo que significó un precio seis veces mayor que el catastral. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece -además- que las conclusiones y recomendaciones de sus informes son obligatorias y de inmediato cumplimiento, razón por la cual el débito ya ha sido realizado.
Resalta que el Issfa recibe 51 millones mensuales de parte del Estado, y tiene 1.300 millones de dólares de ‘patrimonio’, que en realidad es el dinero entregado por el mismo Estado, ya que el Issfa prácticamente no genera -ni tiene por qué generar- ingresos. Añade que la pensiones militares están garantizadas gracias a la enmienda al Artículo 370 de la Constitución de la República impulsada por el Gobierno, la misma que en su momento fue objeto de los ataques de aquellos que ahora dicen que se quiere afectar al Issfa.
