De acuerdo al contrato, suscrito en diciembre de 2010, el MAE compró los lotes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por $ 48’220.391,81. Este monto correspondía al avalúo realizado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Sin embargo, según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –vigente a la fecha de suscripción de dicho contrato– el precio del inmueble debía fijarse en función del avalúo realizado por el Municipio en donde se encuentren dichos bienes, en este caso Guayaquil.
La disposición de la Procuraduría General del Estado, pese a tener el carácter de vinculante, no ha sido atendida hasta el momento por el Director del Isffa. «En estas circunstancias, tanto MAE como Isffa deberán encontrar un acuerdo y atender lo dispuesto por la Procuraduría, cuya misión fundamental es defender los intereses del Estado y ejercer el control de la legalidad de los actos y contratos del sector público, en beneficio de los objetivos nacionales», reza en un boletín del Ministerio de Defensa.
Cartera de Estado denuncia «campaña de rumores»
En el boletín, el Ministerio de Defensa advierte que «la divulgación de este tema, con información parcial, descontextualizada y desde fuentes anónimas, ha generado una campaña en contra del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional. Algunos grupos y personas se han escudado en el anonimato para emitir criterios, divulgar rumores y tergiversaciones en el sentido de que la disposición emitida por la Procuraduría General del Estado atenta contra el patrimonio y la autonomía del Isffa».
