El legislador Octavio Villacreses, coincidió en la necesidad de fomentar la transparencia y la lucha implacable contra la corrupción. A su parecer la normativa también debe ir encaminada no solo para los servidores públicos, sino también a todas las personas que manejan recursos públicos. La idea es que las declaraciones patrimoniales juradas involucren e incorporen a todas las personas que con cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargo, función o dignidad en el sector público dentro y fuera del Ecuador.
Angélica Andino, de la provincia de Galápagos, mencionó que el formulario electrónico elimina la obligación de elevarla a escritura pública en una notaría. Asimismo indicó que las unidades de talento humano de las entidades públicas tendrán que remitir en los 10 primeros días de cada mes a la Contraloría el detalle de los nombramientos y contratos celebrados así como el cese de funciones de los funcionarios en el mes inmediato anterior.
Fausto Terán manifestó que la normativa permite un ahorro de recursos económicos y en tiempo, a la vez que sostuvo que se debe clarificar los efectos jurídicos de las declaraciones.
Mientras que el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Fabián Solano, tendrá dentro de sus facultades procesar las observaciones que fueron recibidas en esta sesión e incorporarlas en el segundo debate.
