«El carácter provisional (de Temer) es importantísimo. El proceso es un golpe. Es provisional, porque es ilegítimo, porque no es producto de la elección directa, no es producto del deseo popular», señaló Rousseff durante un encuentro con blogueros y los llamados ‘activistas digitales’.
La mandataria, que el pasado 12 de mayo fue separada del cargo por determinación del Senado, señaló que el «pueblo» que votó por ella «no quería este programa de Gobierno que está siendo implantado. Es un retroceso», porque «no tiene legitimidad en las urnas».
Criticó, además, que «este Gobierno está batiendo el récord de desmentidos. Un día dice una cosa y al día siguiente desmiente lo que dijeron. Pero dejan la sospecha de que aquello que desmintieron es en lo que realmente creen», refiriéndose a la cobertura del sistema público de salud y de los programas sociales.
Los cambios en la política externa, en el comando de la empresa estatal de comunicaciones EBC, la extinción del Ministerio de Cultura y de las secretarías especiales de Derechos Humanos, de Igualdad Racial y de Políticas para las Mujeres también fueron objeto de crítica de Rousseff,
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, separado del cargo por sospecha de corrupción y quien lideró el proceso para la apertura del juicio en contra de la jefa de Estado tampoco escapó a las críticas.
Poco antes del encuentro, Rousseff fue arropada literalmente por activistas que se congregaron en una plaza pública de su natal Belo Horizonte y a los que les pidió resistencia para evitar que la democracia «sea herida».
Horas antes de encabezar la protesta, Rousseff utilizó las redes sociales para denunciar que la reforma que propone Temer «desmontará» y provocará un «daño enorme» en el sistema de pensiones.
«Ellos hicieron un daño enorme en el sistema, acabaron con el Ministerio de Previdencia. Eso es absurdo. Es un patrimonio de los trabajadores brasileños, un patrimonio de la sociedad», afirmó.
En los últimos días, la presidenta había criticado, también en las redes sociales, la eliminación del Ministerio de Cultura y la ausencia de mujeres en el Gobierno de Temer.
El acto coincidió también con un nuevo escándalo que puede salpicar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff.
Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrino de la primera esposa del exmandatario, fue conducido hoy a declarar por la Policía en el marco de una investigación por corrupción.
La Justicia trata de aclarar si algunos viajes que Odebrecht le pagó a Lula cuando dejó la Presidencia para dictar supuestas conferencias en el exterior están vinculados a préstamos de la banca pública concedidos a la gigantesca constructora para proyectos en otros países.
El interrogatorio de Rodrigues se centró en intentar aclarar las razones de los contratos firmados por Odebrecht entre 2012 y 2015 para que su sociedad, una empresa de construcción civil de pequeño porte con sede en Santos, realizara obras complejas en Angola».
La empresa de Rodrigues dos Santos, según la policía, recibió 3,5 millones de reales (cerca de un millón de dólares) por supuestos servicios realizados durante la reforma de una central hidroeléctrica en Cambambe (Angola).
Odebrecht recibió un préstamos del BNDES de 464 millones de dólares para financiar las obras realizadas en el país africano.
El expresidente Lula negó hoy cualquier irregularidad, se desmarcó del operativo policial e insistió en que siempre actuó «dentro de la ley», en un comunicado.
En una entrevista con Telesur, el expresidente apuntó que trabajará en la búsqueda de nuevos liderazgos para el Partido de los Trabajadores (PT), aunque no descartó la posibilidad de volver a presentarse en 2018, pero, matizó, «solo para evitar que se destruyan los logros sociales en Brasil».
Lula denunció de nuevo el proceso que derivó en la separación de Rousseff del poder para encarar un juicio político con fines destituyentes.
«Temer solo es interino, Dilma solo está suspendida por un capricho político eso debe estar muy claro», dijo el exgobernante.
El exvicepresidente de Rousseff asumió la Presidencia de Brasil de forma interina por un plazo máximo de 180 días, mientras el Senado decide si exonera a la mandataria y le permite volver al cargo o es finalmente destituida, en cuyo caso Temer concluiría su interinato y podría terminar el mandato, que expira el 1 de enero de 2019.
