Rousseff asistió a una convención nacional sobre derechos humanos en la que fue recibida por cientos de personas al grito de «no habrá golpe», que sus seguidores entonan sin cesar desde que comenzó el proceso que la puede llevar a un juicio político.
En su discurso, repitió lo que ha dicho desde hace meses sobre el proceso en su contra, del cual afirmó que si bien sigue los pasos previstos en la Constitución, es «ilegal» porque «no hay crimen».
La mandataria está acusada de unas maniobras irregulares para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, que según su defensa no son más que «faltas» administrativas y para la oposición suponen un «crimen de responsabilidad», que la Constitución prevé como causa para la destitución de un gobernante.
Rousseff volvió a decir que «no puede haber un ‘impeachment’ (proceso de destitución) sin base jurídica, sin crimen», por lo que repitió su tesis del «golpe».
Según la mandataria, «hay varias formas de golpe, con las armas en la mano o con tanques, pero también hay un nuevo tipo de golpe que se hace con las manos desnudas, rasgando la Constitución».
La presidenta reiteró que se propone «luchar hasta el fin para garantizar que la democracia sea respetada» y que no permitirá que «algunos pretendan recortar los caminos hacia el poder».
Rousseff declaró que «lo que está en juego no son los 54 millones de votos» que apoyaron su reelección en octubre de 2014, sino que «se trata de la propia democracia» que «está en riesgo en Brasil».
El proceso contra Rousseff ha entrado en su fase definitiva y está en manos de una comisión del Senado, que si vota por la apertura de un juicio político le pasará la palabra al pleno de esa cámara, que alrededor del 10 de mayo decidirá sobre el asunto.
Si el pleno respalda el juicio político, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sería sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
