El empresariado nacional e internacional discute las nuevas medidas para agilizar los procesos de implementación de las alianzas público-privadas, las mismas que facilitarían nuevos procesos productivos en la agricultura, agroindustria y manufactura.

En el contexto de participación del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) en el seminario sobre la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (APP), se examinaron los incentivos y la exoneración el Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Divisas. Debido a esta condición, Richard Martínez, titular del CEE, consideró a la ley APP como un “avance notable” que incentiva e impulsa la inversión en diferentes áreas. Además, señaló que se prepara un catálogo en el que se contempla la participación en áreas de agricultura, agroindustria y manufactura.

La iniciativa que pretende operativizar nuevos volúmenes de exportación, importación y alternativas en la dinámica económica del país, sigue en periodo de debate y difusión de experiencias que registran otros países. Según reportó el Telégrafo, uno de los casos destacados es Canadá, donde la inversión público-privada supera los  70.000 millones de dólares, estimaciones de la propia embajadora de ese país en Ecuador, Marianick Tremblay.

Pese a la inversión de 7.200 millones de dólares durante el 2015 del Gobierno, estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevén una inversión de por lo menos el 5 o el 6,2% del PIB, para reducir la brecha de infraestructura entre los países subdesarrollados y el primer mundo.

Un aproximado de 230 mil millones de dólares requiere América Latina hasta el 2020 para cubrir la creciente demanda de infraestructura, afirmación que fue difundida por la “Guía del índice y metodología The Economist Intelligence Unit” de 2014, la misma que advierte que las APP deben ser efectuadas en un largo plazo, que permitan generar dinámicas de inversión y cubrir necesidades.