Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, suspendió la sesión 362 del Pleno en la que se desarrollaría el segundo debate el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales e informó que se retomará el próximo martes.
“Más de 30 asambleístas están inscritos para intervenir en esta discusión”, informó.
Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en su intervención, señaló que la elaboración del informe ha tenido un amplio camino de debate y revisión de propuestas. Destacó que se han receptado 86 propuestas de los legisladores y se han realizado más de 100 reuniones con organizaciones sociales y empresariales, entre ellas 23 audiencias provinciales. Contó que en la consulta prelegislativa han participado 880 organizaciones sociales y 6.700 personas.
«Siete mil personas de pueblos y nacionalidades participaron en consulta prelegislativa y la Ley de Tierras no pretende, de ninguna manera, dividir a las comunas o fraccionar a comunidades», afirmó el legislador, quien indicó que entre los consensos se ha formalizado el derecho de uso y usufructo de las tierras comunitarias. «Significa que los miembros de la comunidad pueden acceder a créditos para producción y vivienda con la sola certificación de que pertenecen a la misma. Aquí, los pequeños y medianos agricultores contarán con tasas de interés preferencial», sostuvo
Asimismo, el asambleísta César Umaginga señaló la urgencia de resolver el caso de los latifundios y su redistribución en favor de los campesinos que trabajan el campo y no tienen predios. Dijo que desde 1990 se espera una normativa que permita la revolución agraria y se dé fin al tema de los latifundios en el Ecuador.
De su lado, Lourdes Tibán cuestionó el proyecto de ley argumentando que hay temas de concepto y definiciones que solo se podrían quedar en teoría, ya que en la práctica sería casi imposible ejecutarlas. Todos queremos una ley que pague esa gran deuda histórica con los pueblos y nacionalidades. La ley de Tierras tiene que garantizar el respeto a territorios indígenas, subrayó.
«Beneficiarios de redistribución de tierras solo tendrán acceso a crédito en banca pública. La Ley tiene que garantizar respeto a territorios indígenas», afirmó.
La posible aprobación de esta normativa ha causado rechazo de algunos sectores de oposición y la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) afirmó que la Ley no recoge las propuestas de los sectores campesinos, de los pueblos y nacionalidades, y no garantiza la redistribución.
Según documento firmado por la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), Conaie, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (Micc), Pueblo Kitu Kara, Asamblea de los Pueblos del Sur, entre otros, el proyecto de Ley de Tierras consolidaría la alianza entre los sectores de las élites agroindustriales y el Estado nacional, pues forma parte del proceso de modernización capitalista de carácter conservador impulsado desde el 2008 por el gobierno de Alianza País, bajo el discurso de “Revolución Agraria”.
«El proyecto de Ley de Tierras se suma a otros cuerpos normativos y políticas públicas que atentan a la autonomía de las organizaciones campesinas, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y el derecho a la alimentación, como lo hace ya la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Semillas, el Acuerdo Ministerial N° 299 y su instructivo para Agrocalidad, la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera y la permisividad para el ingreso y uso de semillas transgénicas y su posible tratamiento en el próximo paquete de enmiendas constitucionales», indicó el documento.
Además, las organizaciones firmantes, denunciaron que el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es parte de un «paquetazo agrario» del actual gobierno, que deja intacta la estructura desigual del campo ecuatoriano.
