La metodología internacional utilizada permitió evaluar el costo de la reconstrucción, las pérdidas y los costos adicionales del evento. Los resultados determinaron que se requerirán 3.344 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales 2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y 1.091 (33%) por el sector privado.
De los recursos correspondientes al sector público, 1.000 millones provienen de la Ley de Solidaridad, 660 de las líneas contingentes, 400 millones por confirmarse provenientes del Banco Mundial y 193 millones que sería la diferencia del Presupuesto General del Estado. El proceso de evaluación estuvo a cargo de especialistas de Senplades, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y los equipos técnicos de diferentes Ministerios. A ellos se sumó una misión multidisciplinaria de más de 45 expertos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Cepal, según informó Sandra Naranjo, secretaria de Planificación, durante el Enlace Ciudadano 478.
En lo que respecta a vivienda, el Presidente de la República, Rafael Correa, calculó en 400 millones de dólares la reconstrucción, pues se trata de más de 7 mil familias que perdieron su casa y el Estado debe intervenir.
Naranjo explicó que, considerando únicamente el efecto del terremoto, sin políticas activas para la reconstrucción, se estima que el impacto en la economía nacional es de -0,7 puntos porcentuales (pp) sobre el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2016. En el caso de Manabí, se estima que el impacto en la economía local sea una reducción de 10 puntos porcentuales del PIB provincial.
En términos de empleo el estudio concluyó que se perdieron 21.823 puestos de trabajo debido al movimiento telúrico. Esto implica que en Manabí, la provincia con mayor afectación (95%) la tasa de desempleo incrementaría en 3,45 pp. Además se estima que el incremento de importaciones asociadas al evento sea de US$ 175 millones de dólares.
El Presidente informó que están construyéndose 26 escuelas prefabricadas con aulas móviles que albergarán a cerca de 60 mil niños en las zonas de desastre por el terremoto del 16 de abril.
Esta medida permitirá que estos estudiantes inicien clases el 4 de julio, tal como estaba planificado. “Son tareas sin precedentes en la historia del país, ni cuando hemos tenido guerras se ha visto un esfuerzo tan grande”, reflexionó el Mandatario.
