Dos centenares de personas convocadas por el partido socialdemócrata (SDSM, en la oposición) atacaron una delegación local de la oficina del presidente en el centro de la capital y el edificio del Ministerio de Justicia, que terminó con varias ventanas rotas y destrozos varios.
La policía, que realizó varios arrestos, actuó «según la ley» al dispersar la manifestación, aseguraron fuentes del propio Ministerio del Interior a EFE.
La oposición se queja de que la decisión del presidente permitirá que miembros del Gobierno no sean juzgados por sus supuestos crímenes.
Otra protesta en la capital, esta vez de grupos cercanos al gobernante VMRO-DPMNE, también disentía del decreto de Ivanov, aunque ellos debido a que los miembros de la oposición implicados en estos escándalos no serán tampoco juzgados.
Ivanov, por su parte, aseguró que no anulará su decisión.
Este decreto da otra vuelta de tuerca a la crisis política en ARYM, que comenzó hace un año cuando el SDSM publicó cientos de conversaciones de miembros del Gobierno -incluido el ex primer ministro Nikola Gruevski- obtenidas pinchando teléfonos para, según dijo, destapar casos de corrupción.
Gruevski aseguró que el material era falso y que los audios habían sido editados y entregados a la oposición «por cuerpos de inteligencia extranjeros para derrocar al Gobierno».
Cuando la tensión puso en peligro la estabilidad institucional y la adhesión en la Unión Europea en verano, se llegó a un acuerdo entre partidos, promovido por Bruselas y Washington, que establecía la convocatoria de elecciones anticipadas para el 24 de abril, la renuncia del primer ministro Gruevski 100 días antes de los comicios y la creación de una fiscalía para estos casos de corrupción.
Tras la renuncia en enero de Gruevski, al frente del Gobierno desde 2006, Emil Dimitriev fue nombrado primer ministro interino.
Antes de abandonar el gabinete Gruevski incluyó a dos miembros del partido socialdemócrata en el Ejecutivo.
La cita con las urContactonas prevista para el 24 de abril fue aplazada al 5 de junio, después de que el partido socialdemócrata amenazara con boicotearla si no se aplicaban primero algunas reformas en el proceso electoral, en especial en el reglamento de confección de listas y la política de medios.
A esta petición se habían sumado Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que a través de sus embajadores señalaron que no existían las condiciones para unas «elecciones creíbles» y pidieron a los líderes de los principales partidos que consideraran otra fecha.
La UE, Estados Unidos y el SDSM reclamaban reformas profundas en el sistema mediático para conseguir una cobertura equitativa, ya que la mayoría de los medios de comunicación influyentes en Macedonia apoyan las políticas de la alianza conservadora VMRO-DPMNE de Gruevski.
Los últimos sondeos publicados muestran que la VMRO-DPMNE y Gruevski, quien ha anunciado que volverá a presentarse, continúan siendo la fuerza política y el político más populares, con una intención de voto que dobla a la del SDSM, formación que anunció que no participará en las elecciones, pues considera que los problemas en el censo electoral y la libertad de prensa no están resueltos.
