En un mensaje con motivo del Día de la Libertad de Prensa, que se cumple hoy, Manigault, del diario Post and Courier de Charleston, señaló las luces y sombras que presenta el continente en materia de acceso a la información pública, un tema que, al igual que la violencia contra los periodistas, es «muy relevante».
Por su parte, el argentino Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, indicó en unas declaraciones a la televisión Martí Noticias que Cuba sigue siendo el «agujero negro» de la libertad de expresión en América y felicitó a los periodistas independientes de la isla por su «tesón, coraje y valentía».
Este año la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha escogido el lema «Acceso a la información y a las libertades fundamentales ¡Es tu derecho» para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
«Lamentablemente en muchos países, tanto en los que cuentan con leyes que garanticen ese acceso como los que no tienen, continúa habiendo restricciones a ese derecho fundamental», subrayó el presidente de la SIP, organización con sede en Miami (EE.UU.).
Manigault mencionó que en Venezuela, Argentina, Barbados, Bolivia y Costa Rica no existe legislación respecto al acceso a la información de los organismos estatales.
Como avances mencionó que en Argentina el Congreso está debatiendo un proyecto de ley sobre el particular y que Paraguay ya tiene su ley desde 2014.
En cuanto a los retrocesos consideró que «el más notorio» es que la nueva ley de comunicaciones de Ecuador echa por tierra los beneficios de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Algo similar ocurre, según Manigault, en Nicaragua, donde el Gobierno «ignora por completo» las obligaciones derivadas de una ley sobre el tema que está en vigor desde 2008, aunque no se aplica.
En Honduras y Puerto Rico, con la excusa de que la seguridad prima sobre la entrega de información, los ciudadanos se topan con más obstáculos para conocer las acciones públicas.
En Estados Unidos, aunque la ley de acceso a la información data de 1966, el Gobierno sigue clasificando información de interés público por razones de seguridad nacional, señaló.
Manigault recordó que la SIP siempre ha defendido que la calidad de las leyes de acceso a la información pública depende de que no haya obstáculos para reclamar esa información y que es necesario que existan sanciones específicas contra los funcionarios que omiten, manipulan o no brindan información al público.
Por último, reclamó a los periodistas y medios que envíen hoy tres tuits con la etiqueta #wpfd2016 (World Press Freedom Day, en inglés) para reclamar acceso a la información pública.
La SIP es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en el continente americano y formada por más de 1.300 medios de prensa escrita.
