El fiscal de delitos contra la Administración Pública, Franklin Bravo, formuló cargos por su presunta participación en tráfico de influencias contra el exgerente de la estatal petrolera, ante la jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo.
El fiscal presentó elementos recolectados en su investigación previa, iniciada el 9 de mayo del 2016, para determinar que Alex B. habría participado, durante su gestión, en procesos precontractuales y actos administrativos que estarían vinculados de forma directa a empresas en las que son accionistas o trabajan sus familiares.
Esto significa, según el fiscal Franklin Bravo, que las acciones de Alex B. habrían apuntado a utilizar el patrimonio y los recursos de Petroecuador, a favor de terceros relacionados con él por vínculos familiares y de amistad.
El procesado ingresó a Petroecuador el 1 de junio del 2006 y ocupó diferentes cargos hasta ser Gerente General. Su salida de la institución se registró el 14 de abril del 2016.
En su paso por la petrolera pública, explicó el fiscal Bravo, tres empresas se beneficiaron de contratos con esta institución: Una empresa de servicios habría obtenido 85 contratos, uno de ellos por 35 millones de dólares. En esta trabajaban cinco familiares de Alex B., entre hermanos y primos.
Una segunda empresa habría accedido a 57 contratos, uno de estos con la Refinería Estatal Esmeraldas. En esta empresa trabaja la hermana y el padrastro del imputado. Este último, además, sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre de Alex B.
Estas entidades muestran “un considerable crecimiento económico que coincide con su permanencia en funciones”, dijo el fiscal Bravo.
En cuanto a un tercer grupo empresarial ha sido y es proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016, por montos superiores a los 85 millones de dólares, dijo el fiscal Bravo durante la formulación de cargos.
La Fiscalía también presentó los certificados de afiliación a la Seguridad Social para corroborar la relación laboral de los familiares de Alex B. con las empresas que contrataron con la estatal.
La instrucción fiscal en este caso durará 90 días y el procesado guardará prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad número 4, en Quito.
El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, y la pena privativa de libertad es de hasta 5 años.
