Este viernes, 14 de febrero de 2025, el pleno de consejeros se instaló en la audiencia nacional de escrutinios con ese fin, para lo que tienen hasta diez días para proclamar resultados preliminares.
Esta información la notifican a las organizaciones políticas en un día para que interpongan sus recursos de impugnación en el caso de desacuerdo con el conteo de votos.
El calendario electoral proyectó que el CNE concluya con el trámite de estas objeciones hasta el 1 de marzo, aunque podría concluir antes, indicó el consejero electoral José Cabrera Zurita.
En el caso de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República, el escrutinio a nivel nacional se encuentra en 99,80 % y podría tomar el fin de semana debido a las constantes lluvias en Morona Santiago, Pastaza y también Manabí que obstaculizan la llegada de los paquetes electorales a Quito para su procesamiento.
Hasta este viernes, el escrutinio concluyó en 21 provincias al 100 % y, según Cabrera podría terminar antes y con ello proclamar los resultados de binomio presidencial, aunque eso no cambiará la fecha para el sufragio de la segunda vuelta, prevista para el 13 de abril.
Esto además porque existe un porcentaje del 0,10 % de actas con novedad, que son 44, según los reportes oficiales.
En el caso que los sujetos políticos (candidatos, partidos y movimientos) se sientan inconformes con la respuesta administrativa a sus objeciones, podrán recurrir a la vía judicial en el Tribunal Contencioso Electoral, cuyas decisiones son de última y definitiva instancia.
No obstante, aún no se registran recursos subjetivos contenciosos en contra de los resultados porque el escrutinio se mantiene en las juntas provinciales electorales y en el mismo CNE.
El plazo para que el CNE y las juntas provinciales electorales proclamen resultados de la dignidad de presidente termina el 1 de marzo; en tanto, el TCE tiene hasta el 19 de marzo para resolver las causas y corren tres días para que se ejecutoríen sus sentencias.
De las elecciones nacionales de este 9 de febrero, el TCE ha recibido denuncias por infracciones durante la campaña electoral.
Por una posible campaña anticipada se denunció a los candidatos a asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) Yadira Bayas y Manuel Blacio, quienes habrían participado en actos de Gobierno para la entrega de cocinas de inducción de propiedad del Estado a la población.
Estas denuncias las formalizó el Consejo Nacional Electoral y una de ellas fue admitida a trámite en contra de Bayas; pero se pidió completar el proceso en contra de Blacio.
Hay otras nueve denuncias en contra del presidente-candidato Daniel Noboa Azín, de las que dos las interpusieron los representantes del partido Unidad Popular y del Partido Social Cristiano (PSC), que lo acusan de la presunción de inducir al voto y participar en actos públicos.
Hay siete de estas que son planteadas por ciudadanos que lo acusan de violencia política de género, aunque aún no han sido admitidas a trámite.
Pero además, el TCE podría definir dos temas que han marcado la campaña electoral: el mecanismo que debe adoptar Daniel Noboa para hacer campaña para la segunda vuelta que se articula a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad.
Se trata de una denuncia por violencia política que entre sus sanciones establece la suspensión de los derechos de participación.
El PSC y Unidad Popular acusan al candidato–presidente Daniel Noboa de inducir al voto y participar en actos de inauguración o entrega de obras que son infracciones contempladas en el artículo 278 del Código de la Democracia.
Estas se originan en que el mandatario no se acogió a una licencia sin sueldo contemplada en el artículo 93 de la ley electoral para participar de la campaña política y, al contrario, se declaró en ausencia temporal por fuerza mayor y delegó la Presidencia de la República por cinco veces y por lapsos de tres días a la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert Mora, a quien designó vicepresidenta de Ecuador por decreto ejecutivo.
No delegó a Verónica Abad por las antipatías entre las dos autoridades.
En ese sentido, el TCE debe tratar una denuncia en contra de Abad por violencia política de género interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld y que está en el despacho del juez Guillermo Ortega.
La sanción que se contempla es una multa desde 21 salarios básicos hasta 70, la destitución o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
La segunda mandataria no asistió a la audiencia pública para la exposición de las pruebas de cargo y descargo, por lo que se la declaró en rebeldía y se espera la decisión del juez.
De la sentencia, las partes procesales podrán apelar y, en el caso que Abad sea declarada culpable, podría ser sancionada por el pleno.
