Un tribunal de Sao Paulo pidió hoy al juez responsable de las investigaciones en la estatal Petrobras que asuma una causa contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por la que Fiscalía paulista llegó a pedir su prisión preventiva.

La causa abierta en Sao Paulo estaba en manos de la jueza Maria Priscilla Ernandes, pero la magistrada solicitó la transferencia del proceso al juez Sergio Moro, titular de la 13º Corte Penal Federal de Curitiba, quien deberá decidir ahora si lo asume o no, informaron fuentes judiciales.

Lula fue denunciado por la Fiscalía de Sao Paulo por lavado de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, en relación a un apartamento de lujo situado en la playa de Guarujá, el cual estaba a nombre de una constructora envuelta en la trama de la petrolera estatal Petrobras.

Los fiscales también solicitaron un pedido de prisión preventiva al considerar que Lula puede interferir en la investigación si sigue en libertad, pero la jueza Ernandes no llegó a decidir al respecto.

Moro está a cargo del proceso del caso Petrobras, una investigación paralela e independiente de la que lleva a cabo la Fiscalía de Sao Paulo, pero que tiene elementos en común, entre ellos las indagaciones sobre el apartamento en Guarujá.

En su decisión, la jueza argumentó que los delitos denunciados por la Fiscalía de Sao Paulo ya están siendo investigados por el juez Sergio Moro y por la Fiscalía de Paraná, que concentra todo lo relacionado con el caso Petrobras.

El pasado 4 de marzo, Moro ordenó a la Policía trasladar a Lula a una comisaría para que declarara sobre la propiedad del inmueble de Guarujá y de una casa de campo situado en el interior de Sao Paulo.

La Fiscalía de Paraná sospecha que Lula es el verdadero dueño de los dos inmuebles, los cuales le pudieron haber sido entregados por constructoras implicadas en la trama de Petrobras para disfrazar las coimas (sobornos).

La figura del juez Moro fue aclamada la víspera por cerca de 3,6 millones de brasileños que salieron a las calles a protestar contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Lula y la corrupción.

Su actuación, sin embargo, ha sido criticada por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y por el propio Lula, que se han dicho víctimas de una «persecución política».