Este es el mensaje que trasladará el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper (Bogotá, 1950), el mes que viene en la crucial Asamblea General de la ONU dedicada al problema de las drogas (UNGASS), y que puede determinar el futuro de la política antinarcóticos.
«Sin desconocer la importancia de las convenciones vigentes que regulan la lucha mundial contra las drogas, creemos que los acuerdos sobre derechos humanos deben prevalecer», explica Samper a Efe en Viena.
El expresidente colombiano (1994-1998) sigue estos días las deliberaciones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, donde se prepara la importante cita en la Asamblea General, en Nueva York.
La posición de Unasur en esa reunión se basará en un documento consensuado el pasado septiembre por sus doce países miembros y que se centra en los derechos humanos y la salud pública, en lugar de las medidas puramente represivas.
«Quizá es el documento más importante que presenta una región como una política unificada en Naciones Unidas», sostiene Samper, para recalcar que Unasur está en contra de la pena de muerte en delitos relacionados con las drogas y defiende penas alternativas por pequeñas infracciones.
«Significa un replanteamiento de los diferentes aspectos de la lucha contra las drogas para proteger los derechos de los consumidores», explica el expresidente de Colombia.
Algo que, a su juicio, hará que la lucha contra las drogas sea más «equilibrada» y «justa».
«Queremos introducirle algo de racionalidad a las convenciones, que llevan cien años sin producir resultados», señala.
«No solamente se deben respetar los derechos humanos de las víctimas de las drogas, como jóvenes y adictos, sino también ciertos eslabones débiles como los campesinos de cultivos ilícitos», defiende el veterano político.
Samper destaca que para fijar la primacía de los derechos humanos en la lucha contra las drogas no es necesario modificar las convenciones antidrogas, aunque advierte de que estas normativas no deben ser inamovibles.
«El problema de la política «prohibicionista» es que está siendo derogada en la realidad. Hay 300 millones de consumidores y cada país está utilizando sus propias estrategias. Tratar de mantener las convenciones como una especie de mandamientos de la ley de Dios, escritos en piedra, es un error», señala.
Samper recuerda que «los nuevos enfoques en materia de lucha contra las drogas se están dando en Suramérica».
Entre esas experiencias cita la regulación de la venta de marihuana en Uruguay, la política de Bolivia sobre el uso tradicional de la hoja de coca y el autocultivo de cannabis para fines medicinales en Chile, entre otras.
«Espero que en el UNGASS de este año se reconozca que la política antidrogas no puede seguir desconociendo unas realidades sociales que están generando nuevos enfoques en el manejo del tema y mucho menos pasar por encima de los derechos humanos», destaca.
Samper defiende que Uruguay tiene la legitimidad y el derecho de legalizar la marihuana, pese a que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vela por el cumplimiento de los tratados, considere que los vulnera.
«Las convenciones permiten que los países, soberanamente, apliquen políticas alternativas», afirma Samper, al tiempo que subraya que «la realidad de las drogas va mucho más rápido que la política antidrogas».
De ahí que se busquen alternativas a un «prohibicionismo» que ha estado más centrado en respuestas punitivas y en criminalizar al consumidor.
«En muchos países es más costoso el remedio que la enfermedad. Los costos y el daño que está ocasionando la política ‘prohibicionista’ en muchos países es superior a los beneficios por reducción del consumo», resalta.
En caso de que la reunión en la Asamblea General no dé respuesta a la demanda de numerosos países de América Latina sobre unas políticas antidroga que pongan los derechos humanos en el centro de la estrategia, Samper considera que Latinoamérica podría determinar su propio camino.
«Las convenciones de lucha contra las drogas respetan la soberanía de los países para encontrar sus propias fórmulas de manejo de las drogas. Y si sumamos los 12 países que conforman Unasur, también las regiones tienen un derecho soberano a encontrar sus propias estrategias», argumenta.
«Si no permiten que se abran las convenciones globales, lo que va a suceder es que cada región va a determinar su política antidrogas como lo hizo Unasur», concluye.
