Montaño respondió así a unas declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien aseguró hoy que sacará del país a la Universidad Andina, en Quito, si no se designa al rector de la institución de acuerdo con las normas ecuatorianas.
«Esta universidad, si no cumple la ley ecuatoriana se va del país, salgan a las calles quienes salgan. Yo prefiero perder mi cargo a permitir este insulto al pueblo ecuatoriano», dijo Correa en una entrevista con periodistas en la zona costera del país.
Recordó que, según la ley, en una universidad nacional o internacional el rector debe tener un doctorado emitido por una institución distinta a la que pretende dirigir.
El pasado 15 de enero, César Montaño, asumió la rectoría en medio de la polémica en torno a su designación.
Esta semana, Montaño, que obtuvo mayor apoyo en las elecciones frente a Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia, escribió en su cuenta de Twitter que inscribió su candidatura para dirigir la universidad en septiembre, «un mes antes que entre en vigencia norma LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) supuestamente infringida».
Ante las declaraciones del gobernante, Montaño afirmó que «la Andina es una universidad de pleno derecho en el Ecuador, creada en el marco de la Comunidad Andina», dijo.
Agregó que «por ello es al mismo tiempo un centro de educación superior y un organismo internacional, reconocido y respetado por más de veinte años por todos los gobiernos de nuestro país y por los demás gobiernos andinos».
Montaño dijo también que «Al defender su autonomía no violamos la Ley. Aplicamos un principio básico que está en todas las Constituciones de nuestros países».
Al mismo tiempo afirmó que esa comunidad universitaria es «acosada desde el poder por meses» y, ante acusaciones acerca de despilfarro y mala administración, indicó que está sometida a auditorías internacionales y nacionales y que «nunca se ha negado a rendir cuentas o a recibir a la Contraloría ni lo hará en el futuro».
En noviembre pasado, el Parlamento Andino, en Bogotá, desconoció a Montaño, lo que abrió una polémica al interior de esa casa de estudios, ya que el rector saliente, Enrique Ayala, apoyó al designado y denunció una supuesta interferencia del Gobierno ecuatoriano en la autonomía de ese centro universitario.
El 11 de enero, los cancilleres de la Comunidad, reunidos en Lima, compartieron la resolución del Parlamento y exhortaron a que la normativa de la UASB guarde armonía con las leyes de los países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
Pero Montaño consideró hoy que se pretende declarar la ilegalidad de su nombramiento «sin ninguna base ni procedimiento jurídico», lo que no es aplicable, según el comunicado.
«En un Estado de derecho quienes deben pronunciarse son las instancias competentes. Un ministro o aun el Presidente de la República no pueden establecer sin más que la designación hecha en una institución autónoma es ilegal. Nosotros obedecemos a la legalidad. Para eso acudimos al Tribunal Andino de Justicia, que dijo con claridad que las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes».
Montaño agregó que en los próximos días el presidente del Consejo Superior de la Universidad, Rubén Vélez, convocará a ese organismo y que acatará su pronunciamiento. «La Universidad no buscó este conflicto, pero está dispuesta a explorar todas las alternativas para su solución», dijo.