En el banquillo de los acusados se sienta el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de donde procedía la mayor parte de los archivos revelados.
Vallejo Balda es el único imputado sobre el que pesa una medida cautelar: fue detenido el 1 de diciembre pasado en la Gendarmería, el 23 de ese mes fue puesto bajo arresto domiciliario y ahora el Vaticano ha vuelto a encarcelarle por comunicarse con el exterior.
Así lo ha confirmado el portavoz vaticano Federico Lombardi, quien señaló que, al comunicarse con el exterior, Vallejo ha quebrantado una de las condiciones en virtud de la cual se le permitió disfrutar del arresto domiciliario en un apartamento del Estado vaticano.
También están imputados la antigua miembro del COSEA, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el administrativo Nicola Maio, y los periodistas que publicaron el material clasificado: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
Ayer sábado el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano celebró una audiencia a puerta cerrada en la que se examinó una pericia sobre el material informático y la documentación que se aportará durante este juicio penal.
De ese modo acabó un parón procesal que ha durado tres meses y medio, debido a la decisión del tribunal vaticano de admitir nuevas pruebas, como las conversaciones telefónicas y mensajes entre Chaouqui y Maio o las comunicaciones existentes en el ordenador de Vallejo relativas a mayo de 2015.
Para ello ha sido necesario el nombramiento de los peritos de las partes y el análisis de ordenadores y teléfonos.
Además, la abogada del Vallejo, Emanuela Bellardini, logró que se incluyese en el sumario una «pericia psiquiátrica» a la que se había sometido el sacerdote español cuando supuestamente recibía presiones de Chaouqui para filtrar información reservada.
En uno de los documentos del sumario, el sacerdote riojano, que llegó al Vaticano en 2011 al ser nombrado por Benedicto XVI como secretario de la Prefectura de los Asuntos Económicos, argumenta que filtró los documentos enajenado por Chaouqui, con quien dice haber mantenido relaciones sexuales en una ocasión.
A Vallejo, Chaouqui y Maio se les acusa de violar el artículo 116 bis, introducido por papa Francisco en 2013 y que contempla el delito de «hacerse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación».
Delitos que conllevan penas entre seis meses y dos años de prisión.
En la última de las audiencias celebradas, el 30 de noviembre, se admitieron doce testigos, entre ellos el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Santos Abril y Castelló, presidente de la comisión cardenalicia de vigilancia del banco vaticano y arcipreste de la Basílica de Santa María Mayor.
Pero aún se desconoce cómo y sí acudirán a declarar en el proceso, conocido como «Vatileaks 2», en alusión al escándalo sobre la divulgación de la correspondencia privada del papa Ratzinger en 2010.
Por su parte, los dos periodistas enjuiciados han siempre rechazado las acusaciones de haber realizado presiones para obtener los documentos y se han amparado en la libertad de prensa para publicar el material que se les entregó.
Durante estos tres meses de interrupción han emergido numerosas teorías e incertidumbres sobre el ritmo en el que se procederá o sobre el modo en el que podría concluir el juicio, barajándose entre las opciones un posible perdón del papa Francisco.
El pontífice argentino no ha ocultado su malestar por este caso y durante el Ángelus dominical del 8 de noviembre lo calificó abiertamente de «acto deplorable», para expresar después su determinación a continuar con sus reformas.
Los documentos han servido para nutrir los dos libros de los periodistas en los que se da cuenta de irregularidades financieras en el Vaticano antes de las reformas de Francisco o de los excesos de gasto cometidos en algunos casos por cardenales.
