La comisión ocasional multipartidista aprobó, este 8 de junio, el informe para primer debate de las leyes que se desprendieron de la consulta popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
El documento, que será enviado al pleno de la Asamblea para que los legisladores hagan sus aportes, antes de que regrese a la comisión, consta de 24 artículos, la mayoría sobre endurecimiento de penas para ciertos delitos.
En las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) la sanción por el delito de terrorismo, que hoy es de 10 a 13 años, pasa de entre 19 a 22 años; quienes los financien podrían ser sentenciados a 22 o 26 años. Hoy la pena es de entre siete y 10 años
El tráfico de drogas también tendrá nuevas sanciones, si se llega a aprobar el proyecto propuesto por la comisión. Es así que: La mínima escala pasa de uno a tres años de prisión a entre tres y cinco años. La mediana escala pasa de tres a cinco años a entre cinco y siete años. Alta escala pasa de cinco a siete años a entre 19 y 22 años. Gran escala pasa de 10 a 13 años a entre 22 y 26 años.
La delincuencia organizada que, actualmente, se castiga con prisión de siete a 10 años, pasaría a una pena de entre 22 y 26 años.
El lavado de activos se sancionará con cárcel de cinco a siete años cuando el monto de los activos sea inferior a 100 salarios básicos unificados; de 10 a 13 años cuando el monto supere los 100 salarios básicos, entre otras causas.
Las posturas
El presidente de comisión, Carlos Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), destacó la agilidad con la que los integrantes de la mesa y sus equipos asesores lograron crear la normativa, con base a la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa.
A esa postura se sumaron la legisladora independiente, Lucia Posso; Ingrid Salazar, de Construye, y Steven Ordóñez, que es parte de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional.
Sin embargo, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Patricia Mendoza, puso reparos a, al menos, dos aspectos del proyecto aprobado. Por un lado, dijo que los invitados a dar sus aportes mostraron inquietud por los incrementos de penas, sin que medien principios de dosimetría penal y proporcionalidad.
Además, señaló que, al reformar la Ley de Extinción de Dominio y retirar el requisito de sentencia ejecutoriada, se vulneran los derechos de presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Por eso se abstuvo.
